Autopistas quebradas: el Gobierno intenta evitar el pago de 5.000 M €
Publicada 03/04/14
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha insistido en que la condición que el Gobierno pone para abordar el plan diseñado para rescatar la decena de autopistas en quiebra es que "los españoles no paguen ni un euro de su bolsillo". El Estado tiene "una responsabilidad patrimonial cifrada en 5.000 millones de euros". Los ministerios de Hacienda y Fomento están considerando las propuestas que los bancos y las empresas constructoras y concesionarias de las vías han planteado sobre el proyecto de rescate propuesto por ambas dependencias de crear uan sociedad pública con las empresas quebradas, aunque sean menos activos que los contemplados.
Aunque presentan malos datos, las vías AP-71 entre León y Astorga, de la concesionaria Aulesa, y entre Cartagena y Alicante, de Ausur, se han salvado hasta ahora del concurso de acreedores por lo que no entrarían en el plan de rescate.
La semana pasada, el Gobierno presentó al sector el plan que ha diseñado para rescatar a las nueve autopistas de peaje en quiebra. El proyecto pasa por integrar las vías en una sociedad 100% pública tras, previamente, realizar una quita del 50% tanto a la deuda financiera que soportan como al monto que la Administración debe a las constructoras que las construyeron.
Los importes restantes de deuda, unos 2.400 millones de euros de los bancos y unos 240 millones de las constructoras, se convertirá en un bono a 30 años con una rentabilidad del 1%.
No obstante, Fomento ha cancelado la primera reunión que estaba prevista con representantes de bancos y constructoras de las autopistas para contar con más tiempo para evaluar dichas propuestas.
La titular de Fomento ha venido reiterando en que se trata de un problema "heredado" y que se trata de unas infraestructuras ante las que el Estado tiene "una responsabilidad patrimonial cifrada en 5.000 millones de euros". Por ello es que se están buscando alternativas para que "el Estado no tenga que hacer frente a este pago” que debería abonar en el caso de que las nueve autopistas, actualmente en concurso de acreedores, fueran a liquidación.
La ministra recordó que el desequilibrio que presentan las autopistas deriva de los sobrecostes que registraron en las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron, dado que los tribunales "están diciendo que tienen un valor en algunos casos dos y tres veces superior al previsto", y a sus tráficos, que ha caído de "una forma muy importante".
Representantes de los seis grandes bancos y el presidente de la patronal de constructoras y concesionarias Seopan, Julián Núñez, estaban convocados a una reunión en la tarde de este lunes en el Ministerio de Fomento para dar su respuesta al plan de rescate de las autopistas en quiebra que el Gobierno les presentó el pasado martes.
Las entidades financieras y las constructoras y concesionarias de las vías están dispuestas a convenir con el plan, si bien en los últimos días habían manifestado su voluntad de negociar alguno de sus términos, según detallaron a Europa Press en fuentes del sector.
Así, la banca acreedora pretende negociar mayores garantías y algún margen más de rentabilidad al bono en que se convertirá el importe que le debe las autopistas.
En cuanto a las constructoras, tratan de que el Gobierno les reconozca un importe mayor de deuda argumentando que ya en su momento les aplicó una quita del 50%. Según aseguran, del importe de casi 1.000 millones que la Administración debe por modificados de obra, solo les reconoce 471 millones, monto en el que ahora se aplicaría la quita del 50%.
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