¿El sector hotelero tiene la formación que necesita?

Empresa y trabajador destinan parte de su nómina a formación, en concreto un 0,6% y un 0,1%, respectivamente. Los fondos recaudados, que en otros países europeos gestionan empresas y trabajadores, son aplicados en España también por un tercer jugador, la Administración, que participa en la Fundación Tripartita al ser la que lo recauda a través de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Antes, según explican fuentes del sector involucradas directamente en el tema, se destinaba una gran parte de lo recaudado a formación de los trabajadores, mientras que ahora un elevado porcentaje se dirige a la de parados y otra parte es gestionada por las Comunidades Autónomas. En este último caso los controles no han sido eficientes, lo que ha derivado en conocidas irregularidades, provocadas por conductas reprobables rechazadas por todos los que trabajan en formación.

El Tribunal Constitucional dictaminó el pasado año que esos fondos recaudados eran finalistas, es decir, que sólo se podían utilizar para la formación de trabajadores en activo y no para en otros conceptos. Pero el Ministerio de Trabajo ha hecho caso omiso de las sentencias del más alto Tribunal español.

Desde hace tres años la Administración ha empezado de forma unilateral a imponer qué tipo de cursos se han de dar y sus características. Imagen Shutterstock

Por su parte la Administración central, al contrario de lo que ocurre en algunas comunidades, ejerce un férreo control sobre los fondos destinados a formación en las empresas, obligando a informar de la puesta en marcha de cada curso y con inspectores que acuden para comprobar que se están impartiendo las clases, el número de asistentes, si se ha producido el pago efectivo del alquiler de la sala, de los profesores, los certificados de empresa, etc.

Lo peor, y he aquí el quid de la cuestión, es que desde hace tres años la Administración ha empezado de forma unilateral a imponer qué tipo de cursos se han de dar, su duración, qué tipo de alumnos los han de cursar o los lugares donde se imparten con requisitos que hacen imposible la asistencia. Además, en muchas ocasiones no se ajustan a las necesidades de empresas ni empleados, por lo que finalmente no se imparten y la Administración argumenta que los cursos no se dan porque no hay interés, lo cual no deja de ser cierto, pero con respecto a esos programas específicos, porque las necesidades formativas siguen existiendo.

Los empresarios en numerosas reuniones internas han pedido dejar de pagar ese dinero para una formación que no utilizan y no les han dejado, olvidando que esos fondos surgen de un acuerdo bilateral y voluntario que ha acabado convirtiéndose en una obligación legal.

Intereses ocultos

Ante este panorama me asalta una duda, digamos, maliciosa: ¿hay algún interés oculto en no dejar que sean empresas y trabajadores los que decidan qué materias impartir y la duración de los cursos atendiendo a sus necesidades? A mi entender sería lo más lógico. ¿O es la excusa perfecta para que la Administración utilice parte de esos fondos, que son de todos porque a todos nos los quitan de la nómina, para cubrir otras necesidades más acuciantes para ella?

El resultado es el mismo: no se da la formación necesaria que reclama el sector para seguir ofreciendo al cliente la mejor relación calidad-precio y las mejores experiencias con el fin de seguir siendo competitivos en un sector turístico cada vez más global.