El proyecto de Directiva Europea de Viajes Combinados genera el rechazo del sector

El pleno de la Eurocámara ha aprobado a mediados de marzo -por 610 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones- la revisión de la Directiva de Viajes Combinados cuyo objetivo es reforzar la protección de los consumidores que compran viajes combinados personalizados offline y online.

Estos turistas -que en el caso del online son120 millones, según los cálculos de Bruselas- quedarán a partir de ahora cubiertos por las reglas que garantizan la repatriación en caso de quiebra de un operador turístico, indica la comisión.

Si circunstancias “inevitables” e “impredecibles” impiden que el viajero regrese a tiempo a su hogar, el organizador deberá gestionar un alojamiento similar al reservado originalmente o bien pagar una estancia de cinco noches de hasta 125 euros la noche.

El Parlamento Europeo introduce además controles más estrictos de los recargos de precios, por ejemplo por subidas de los carburantes, que no podrán superar el 8% (frente al 10% que había propuesto la Comisión). Y las compañías estarán obligadas a repercutir las reducciones de precios en circunstancias equivalentes. Por otro lado, los organizadores no podrán cambiar de forma significativa los horarios de los vuelos una vez que la venta haya sido concluida.

La comisión reconoce, como hace el sector, que las ventas online han cambiado significativamente la forma cómo se está reservado un viaje y hoy en día muchos paquetes turísticos no entran dentro del ámbito de las actuales normas de la UE, que se remontan a 1990, mientras que otros dejan a los consumidores en una "zona gris” legal, declara la comisión.

Las elecciones al Parlamento Europeo retrasarán el avance de la nueva normativa.

La nueva legislación, según el organismo, aclarará las normas relativas a los viajes combinados y refuerza la protección de los consumidores. Los viajeros deben ser informados de sus derechos y de la forma en que están cubiertos. Para todo tipo de paquetes se prevé un alto nivel de protección del consumidor y una completa información, indica la comisión.

Cabe señalar que los organizadores deben ser responsables de la actuación de los servicios de viajes incluidos en el contrato, a menos que la legislación nacional prevea expresamente que el minorista se hace responsable, dicen los eurodiputados.

Ahora la Eurocámara deberá negociar con los gobiernos el texto final tras las elecciones de mayo pero no se prevé que la directiva esté en vigor hasta 2017. El sector está aún a tiempo de influir en el contenido de la directiva y es lo que está tratando de hacer, ya que desde toda Europa se alzan voces de descontento.

Incompleta y desproporcionada

Desde la asociación de agencias británicas ABTA manifiestan que la normativa es injusta al no contemplar el compromiso de algunos portales, sobre todo los de las compañías aéreas, ya que no están dentro del ámbito de la Directiva. La asociación considera que el incluir a estas webs es imprescindible para “asegurar una efectiva y consistente extensión de la protección de los consumidores que sea justa con las empresas turísticas”.

No obstante ABTA sí aprueba la reducción de responsabilidades que incluye la directiva para con las agencias de viajes. Las agencias británicas consideran que la nueva normativa era necesaria para “asegurar que los consumidores están protegidos de un modo más consistente y transparente”.

Para la asociación alemana de agencias y turoperadores DRV la obligación del organizador de gestionar un alojamiento similar al reservado originalmente o bien de pagar una estancia de cinco noches de hasta 125 euros la noche sobrecarga a los turoperadores. Considera que esta obligación supondría “una carga adicional desproporcionada para los organizadores de viajes”.

La DRV también rechaza el que se vayan a incluir controles más estrictos en los recargos de precios, que como se apuntaba no podrán superar el 8%. Para la asociación recorta la capacidad de acción de los turoperadores y además implicará un coste adicional para el sector.

Por otro lado, la asociación alemana está en desacuerdo con que se quiera ampliar el concepto de “fuerza mayor” incluyendo la situación personal de los viajeros como la enfermedad o el fallecimiento de un familiar. Considera que además de perjudicar al organizador repercutiría en la venta de seguros, puesto que siendo así muchos viajeros dejarían de considerar necesario contratarlos.

Un error

Para la European Tour Operators Association (ETOA) la reforma que se está llevando a cabo es claramente “errónea”, lo cual incide en que se demuestra con las 435 enmiendas que ha recibido.

Para esta asociación es claramente necesario abordar una reforma de la normativa, ya que la actual, desarrollada hace más de dos décadas, se ha convertido en una maraña legal con disposiciones “nada prácticas, inaplicables y que generan muchos litigios”, según el responsable de Política y Estrategia de la ETOA, Tim Fairhurst.

La principal falacia de esta reforma es que plantea que hay “un riesgo financiero inherente a la compra de un producto empaquetado que está ausente en los productos que no lo están. El riesgo financiero no viene de los paquetes, sino del pago por adelantado, y el costo potencial de la repatriación en caso de quiebra”.

“La total armonización impedirá a los estados miembros adoptar, donde sea necesario, medidas más estrictas en favor de los consumidores como es ahora el caso de la actual Directiva de Viajes Combinados. En muchos estados miembros la propuesta de revisión podría reducir los estándares nacionales de protección de los consumidores”.

Por otro lado, para la ETOA la nueva normativa permitirá además que las empresas con sede fuera de la Unión Europea sean más competitivas.

Necesaria pero incompleta

Desde la Confederación Española de Asociaciones de Viajes (CEAV) la adjunta a la presidencia para Relaciones Internacionales, Eva Blasco asegura que la visión de la asociación es que “se debe modificar la directiva porque tiene cerca de 30 años y está claro que estos 30 años se ha complicado muchísimo el entorno de la comercialización de productos turísticos, sobre todo por internet. La venta por parte de los proveedores de pluralidad de servicios, ni la contempla. Nosotros luchamos porque esa realidad se contemple, no que sirva la directiva exclusivamente para agravar las obligaciones de las agencias. Hay toda una parte del negocio que hoy por hoy escapa a la directiva y el consumidor se encuentra desprotegido. El legislador no sabe muy bien cómo cubrirlo”.

Añade que “la postura oficial de CEAV es que queremos que se aproveche la directiva para equiparar las obligaciones de los distintos actores turísticos. Es decir, que una agencia o un organizador no tenga más obligaciones que una aerolínea si la aerolínea quiebra, que hoy por hoy está más obligado el organizador que la aerolínea. Para la agencia minorista nosotros apoyamos la propuesta inicial de que realmente se diferencien las responsabilidades de cada uno, por tanto el organizador sea responsable de la organización y que la agencia sea responsable de los deberes de información, que no sea responsable de aquello que no puede controlar. Pero nosotros queremos que todos los actores jueguen con las mismas reglas.”

El posicionamiento de la CEAV sobre este tema se concreta también en otros aspectos en un documento que ha remitido al Gobierno y en el que realiza comentarios a las enmiendas que se han introducido al borrador del informe. Así, por ejemplo, sobre el “derecho de desistimiento (o facultad que tiene el consumidor de dejar sin efecto un contrato) dentro de las 24 horas introducido en el proyecto de informe, incluso si se trata de un régimen más ligero que en la directiva de derechos del consumidor (CRD), no se adapta a los servicios de viajes, en particular, a los paquetes elaborados por intermediarios”.

En este sentido señala que “la introducción de este derecho de rescisión pondría a los intermediarios en una situación insostenible hacia el consumidor y sus socios de negocios. En particular, en la venta de paquetes con un componente de transporte, los organizadores se pondrán en grave desventaja, ya que tendrán que otorgar un derecho de desistimiento de 24 horas, mientras que el proveedor de servicios individuales no tendrá dicha obligación. Una vez reservado, cualquier cancelación provoca costes que a menudo equivalen al 100% del precio del billete, no importa si se cancela una hora después de la reserva o semanas después”.

Otro aspecto que señala es que “una armonización máxima impediría a los estados miembros aplicar disposiciones más adaptadas a su mercado local. Esta directiva traerá grandes cambios y en vistas a una aplicación uniforme y flexible, CEAV estaría a favor de un principio general de armonización mínima, con algunas disposiciones en virtud de un régimen de armonización máxima, como las definiciones y las normas relativas a los cambios de precios”.

Este artículo pertenece a la edición de abril de la revista Hosteltur. El artículo puede descargarse con el pdf que aparece a continuación.