Más Comunidades pendientes de la justicia para exigir el pasaporte Covid
Publicada 22/11/21
Mientras espera que el Gobierno español decida implantar una norma común, las Comunidades Autónomas se han puesto en marcha para implementar el uso del certificado de vacunación para medida para restringir accesos. Los tribunales decidirán esta próxima semana si más autonomías se suman a Baleares, Galicia y Cataluña en su estrategia de exigir el pasaporte covid para acceder a determinados servicios como el ocio nocturno. País Vasco, Aragón y Navarra han decidido no esperar más. Las dos primeras están ya a expensas de que sus tribunales de Justicia avalen la nueva norma, mientras Navarra ha anunciado que solicitará el permiso esta misma semana.
Buena parte de los países europeos exigen desde verano el pasaporte covid para acceder a hoteles, restaurantes o centros deportivos. Este documento se puede obtener si se tiene completada la pauta de vacunación, si se ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses, o con un test PCR realizado en las anteriores 72 horas o de antígenos en 48 horas.
El debate sobre su implantación reaparece cuando en España suben los contagios, aunque no de forma tan significativa como en el resto de países europeos que se han quedado muy por detrás del 80% de vacunados totales en España (un 90 % de los mayores de 12 años). Se entiende que ese pasaporte puede ayudar a impulsar la vacunación.
En ese contexto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decide este lunes si autoriza la obligatoriedad del pasaporte Covid en restaurantes y determinadas actividades de ocio nocturno, incluidos conciertos, una medida que los hosteleros abogan por extender a otros ámbitos como eventos deportivos y txokos.
En el caso de Euskadi se plantea su obligatoriedad para entrar en restaurantes con capacidad para más de 50 comensales y también en discotecas, salas de baile, salas de fiesta con espectáculos, bares musicales y karaokes. En pubs y bares especiales (de horario nocturno) se exigirá a partir de las 22.00 horas
El Gobierno autonómico, que cuenta ya con el aval de la Fiscalía vasca, quiere que el certificado sea obligatorio cuando la tasa de incidencia de acumulada en 14 días supere los 150 casos por 100.000 habitantes en el conjunto de la comunidad autónoma, y confía en que sirva para atajar una nueva ola de transmisión de covid e incentivar "aún más si cabe" la vacunación.
El Gobierno de Aragón también está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le autorice emitir una orden para exigir el certificado de acceso a espectáculos y locales de ocio nocturno y a cualquier actividad que reúna a más de 500 personas en interiores y a más de 1.000 en el exterior. El TSJ se pronunciará previsiblemente este lunes y, si lo autoriza, la orden entrará en vigor en un plazo de 24 horas.
El Gobierno de Navarra solicitará esta semana permiso para que desde el 27 de noviembre se requiera el certificado para entrar a restaurantes con un aforo de más de 50 comensales, locales de ocio nocturno, salas de fiesta, y eventos multitudinarios en interiores en los que se pueda consumir comida o bebida
Si los tribunales finalmente lo autorizan, la medida estaría vigente entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive. Navarra también propone su pasaporte en un momento de crecimiento de la incidencia y transmisión del virus, con una incidencia que supera los 300 casos por 100.000 habitantes a 14 días.
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Galicia ya logró el viernes la autorización del Tribunal Superior de Xustiza para exigir el pase en los hospitales públicos y privados de la comunidad autónoma a las visitas y acompañantes de los pacientes ingresados.
Allí ya es obligatorio presentar este certificado covid en el ocio nocturno, en los albergues de peregrinos y la Xunta pondera volver a pedirlo para acceder a la hostelería y los eventos masivos en interiores. También Cataluña y Baleares lo tienen ya en vigor.
Pero además de estas comunidades, Canarias, Murcia, Castilla y León, Andalucía y la Comunidad Valenciana están a favor del certificado.
Hasta el momento, la ministra de Sanidad, Carolina Darías, se ha limitado a señalar que el Tribunal Supremo ha dejado "un camino abierto" para que las comunidades lo soliciten.
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