Fiasco de las ayudas directas: 1.700 M € se han quedado sin adjudicar

Mediante el Real Decreto-Ley 27/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, el Gobierno central aprobó el año pasado destinar 7.000 millones de euros en ayudas directas para empresas y autónomos que tendrían que gestionar las comunidades autónomas antes del 31 de diciembre de 2021.

De esos 7.000 millones, 2.000 millones de euros se destinaban a Baleares y Canarias. Los otros 5.000 millones se los repartían las comunidades autónomas de la Península.

Tras concluir el plazo para la adjudicación a las empresas y autónomos, solo Baleares y Canarias han otorgado el 100% de los 1.000 millones que les correspondía a cada una.

De los 5.000 millones restantes, más del 30%, unos 1.700 millones de euros, han quedado sin adjudicarse a tiempo por parte de las comunidades autónomas y por tanto tendrán que devolverse a Hacienda.

Protesta de agencias de viajes de Murcia, en febrero de 2021, para reclamar ayudas a la Administración por el impacto de la pandemia.

Según los datos facilitados a UPTA por las autonomías, la comunidad que más dinero tendrá que devolver es Andalucía. De los 1.109 millones que se le habían asignado, 360 millones han quedado sin adjudicar, es decir, más del 30% del total.

Con mayor porcentaje sin adjudicar están Asturias, que tendrá que reintegrar el 40% de los 107,7 millones de euros asignados, y Castilla y León, que también devolverá el 40% de los 232,5 millones que se le concedieron.

Tendrán que reintegrar a Hacienda el 30% de lo asignado las comunidades de Madrid (tenía 679,2 millones de euros), Castilla-La Mancha (contaba con 206,3 millones), Galicia (con 234,4 millones asignados) y Cantabria (con 55,3 millones).

Euskadi no ha adjudicado el 25% de sus 218 millones de euros, Cataluña el 20% de sus 993 millones de euros y la Comunidad Valenciana el 12% de sus 647 millones.

Desde UPTA denuncian que "en general, la planificación de estas ayudas ha sido un auténtico despropósito, desde su concepción por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de los Gobiernos autonómicos. En ningún caso la mayoría de las administraciones han sido capaces de consensuar con los representantes del trabajo autónomo las órdenes que fueran publicadas, por las cuales se establecieron las bases de concurrencia".

Solicitudes pendientes

Tanto las comunidades autónomas como las asociaciones empresariales se han quejado de "las obligaciones a las que han sido sometidos los autónomos y los pequeños negocios para poder justificar la ayuda", según recuerda el presidente de UPTA.

Precisamente, en respuesta a estas reclamaciones, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han ampliado hasta el próximo 30 de junio el plazo para que las comunidades autónomas resuelvan los recursos pendientes, según han confirmado a HOSTELTUR fuentes del Ministerio.

Para el presidente de UPTA, con esta decisión, lo que Economía pretende es dar más plazo a las comunidades autónomas para justificar las ayudas concedidas y para que se puedan resolver los expedientes pendientes, pero no afecta a los 1.700 millones de euros que no se han adjudicado. "El dinero que no se ha concedido habrá que devolverlo", subraya.

Considera que "ese dinero tendría que ser revertido otra vez a las comunidades autónomas porque se ha producido una sexta ola de la COVID-19 que ha provocado cierres de muchos establecimientos por contagios de los trabajadores".

Sobre este punto, aclara que en estos últimos meses "la mayoría de los autónomos no han podido tramitar bajas por contingencias comunes porque las bajas por la COVID han sido de apenas siete días". Este tipo de bajas representan una prestación muy pequeña y por ello muchos autónomos han decidido no hacer la tramitación administrativa correspondiente, pero se han quedado en casa para evitar contagios.

Nuevas convocatorias

Insiste en que desde las comunidades autónomas se vuelvan a activar ayudas directas para los autónomos y pequeñas empresas afectadas por la crisis de la COVID y que no estaban dentro de las líneas de las ayudas plasmadas por el Ministerio.

Exige que ese dinero se destine a nuevas convocatorias para paliar las consecuencias de la sexta ola, "que ha afectado a miles de pequeños negocios con un perjuicio económico tremendo", al coincidir con unas Navidades en las que han vuelto las restricciones en los establecimientos.

Explica que muchos autónomos han destinado "hasta el último céntimo de sus ahorros personales" a la actividad económica de su empresa para no solicitar un crédito, es decir, "el autónomo ha hecho un préstamo a su propio negocio". Sin embargo, no se tiene derecho a reclamar ayudas por este desembolso del propio autónomo, sino cuando son créditos del ICO o de entidades financieras.

Otro agravio es que muchos autónomos y pequeñas empresas han contraído deudas con la Seguridad Social y con Hacienda como consecuencia de la pandemia, pero precisamente por esta morosidad no pueden acogerse a las ayudas.

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También se ha sumado a esta petición de nuevas convocatorias de ayudas con los fondos no empleados la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (FEMAV). En el caso de la Comunidad de Madrid, son más de 200 millones de euros los que no se han adjudicado, según los datos facilitados por UPTA.

FEMAV insta a incorporar esta vez a las empresas solventes con pérdidas en 2019 y actualmente operativas, "ya que no hay mejor prueba de su solvencia que el 'vía crucis' de los dos años de pandemia".

Para la Federación es un "hecho impensable e ilógico, dada la gravedad de la crisis en la que nos encontramos", que millones de euros no sean asignados para los fines a los que han sido destinados.

Llamamiento a las autonomías

Por último, Eduardo Abad lamenta que ya se han reunido varias veces con el Ministerio de Asuntos Económicos y con la propia ministra Nadia Calviño para comunicarles estas peticiones, pero desde Economía no han dado hasta ahora ninguna respuesta al respecto.

Por ello, desde UPTA insta a las propias comunidades autónomas "a que hagan la fuerza necesaria para que estos cientos de millones de euros se puedan reutilizar y no sean devueltos a la Administración central".

Partidas para ayudas directas destinadas a las comunidades autónomas peninsulares y a Ceuta y Melilla.