Viviendo a crédito: el sector turístico ante la peor crisis de su historia

El duro impacto de la pandemia de coronavirus en el turismo, tras las restricciones a la movilidad y la práctica paralización total de las empresas turísticas, con una caída sin precedentes de la demanda y los ingresos, ha puesto de nuevo a prueba la reiterada resiliencia del sector y su capacidad de superar las crisis, mejor que el resto de los sectores, si bien en este caso se enfrenta a una con mayúsculas.

Impotente y atado de manos por decisiones que toman otros, ha tenido que recurrir al crédito, no para crecer, sino para subsistir a la COVID-19. Por ello, 2022 será un año de transición y decisivo porque, además de que se espera que sea el de la consolidación de los incipientes brotes de la recuperación vistos en 2021, es el plazo para empezar a pagar las deudas al Gobierno, si bien se han barajado posibilidades de extensión de plazo, aunque aún no se ha establecido. Claramente, la evolución de la pandemia y las medidas gubernamentales este año será un elemento crucial en la evolución del sector.

Sin liquidez

La paralización de la actividad que ha significado la pandemia de COVID-19 para el sector turístico en su conjunto llevó a la mayoría de las empresas a una arriesgada falta de liquidez y una crisis de solvencia que pone en riesgo la viabilidad.

A partir de marzo de 2020, se adoptaron medidas extraordinarias para dotar de liquidez adicional a un tejido productivo obligado a reducir de forma drástica sus niveles de facturación.

El deterioro actual de los niveles de solvencia viene dado por varias causas combinadas, según analistas de la firma Crédito y Caución, operador global de seguro de crédito.

Señalan que, por un lado, las empresas hicieron uso de las facilidades de liquidez y están más endeudadas que antes de la pandemia, lo que ha incrementado sus costes financieros. Por otro, muchas están todavía lejos de recuperar sus niveles de facturación previos a la pandemia. Por último, hay un incremento de los costes operativos derivados de las materias primas, la energía y el desajuste logístico de las cadenas de suministro que no pueden trasladar fácilmente a los márgenes.

“Todos estos condicionantes presionan los niveles de solvencia y liquidez. De hecho, un 38% del tejido empresarial prevé que el nivel de impagos de sus clientes se incremente en los próximos meses”, apuntan desde Crédito y Caución.

Un mecanismo socorrido

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que han sido prorrogados hasta el 28 de febrero de este año, se convirtieron en una herramienta clave para que las empresas pudiesen mantener sus plantillas además de beneficiarse con una reducción de costes, en un contexto de baja actividad productiva.

Aunque la cifra de trabajadores en ERTE pasó de 3,6 millones en el peor momento de la pandemia a 102.548 el pasado mes de diciembre, casi la mitad (50.098) está vinculada a la hostelería y el turismo.

Según los datos preliminares del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sector más afectado con diferencia sigue siendo el de las agencias de viajes, con el 32% de sus trabajadores asalariados en ERTE (11.358 empleados). Se sitúa por delante del transporte aéreo, con 3.449 trabajadores, el 10% de sus afiliados al régimen general.

Por volumen de trabajadores, el mayor número de afectados pertenece al sector de los servicios de comida y bebidas (20.242), seguido del de servicios de alojamiento (15.049).

Por otra parte, un buen indicio de recuperación lo aporta el número de afiliados a la Seguridad Social en diciembre, en términos desestacionalizados, que se situó en 19.842.427 personas y supone el nivel de afiliación más alto registrado en la serie, superando en 362.613 personas la cifra de ocupados de febrero de 2020, mes prepandemia.

Adicionalmente, el total de paro registrado en diciembre 2021 se ha situado en 3.105.905 personas, la cifra más baja de un mes de diciembre desde el año 2007 y supone 140.142 parados menos que antes de declararse la pandemia, en febrero de 2020.

Un S.O.S. al gobierno

El pasado marzo de 2020, el Gobierno español en el marco de un Real Decreto-Ley, aprobó una Línea de Avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 100.000 millones de euros, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, garantías que otorga el Estado a la financiación concedida por entidades o bancos para facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos, de forma que pudieran hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.Paralelamente, fue aprobada otra Línea de Avales para inversión y actividad para la cobertura a financiación para gastos corrientes y de capital.

En total, las dos líneas otorgaron 14.996 millones de euros en avales y 20.086 millones de euros movilizados en financiación para “turismo, ocio y cultura”.

Por otra parte, entre los tramos de la Línea de Avales para Liquidez ICO por el impacto de la crisis COVID-19, uno de 2.500 millones de euros ha sido destinado al sector turístico y actividades conexas.

Elaboración: Hosteltur/ Xavier Canalis

Apoyo a la solvencia

Paralelamente, a principios de julio de 2020, fue creado el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dotado de 10.000 millones de euros y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que cerró 2021 con la adjudicación, durante los pasados 18 meses, de inyecciones de capital por valor de 1.507 millones de euros, lo que equivale al 28% de la cantidad solicitada de 5.345 millones por el tejido empresarial español y al 15% de los recursos disponibles. Expiraba el pasado 31 de diciembre, pero la Comisión Europea acordó prorrogar la aplicación del Marco Temporal de ayudas estatales hasta el 30 de junio de 2022.

El Gobierno ha autorizado en el año la inyección de fondos públicos de manera temporal a 12 compañías consideradas estratégicas y que, en su conjunto, a finales de 2019, generaban 24.777 empleos directos, seis de ellas del sector turístico: Air Europa (475 M€), Plus Ultra (53 M€), Ávoris (320 M€), Hotusa (241 M€), Grupo SERHS (34 M€) y Soho Boutique Hotels (30 M€).

Estrategias hoteleras

En 2020, las cadenas sufrieron una contracción promedio del 66,7% en su facturación, según el último ranking hotelero de HOSTELTUR, por la caída de la demanda causa de las restricciones a la movilidad y los rebrotes de COVID-19.

En su caso, para cumplir con sus obligaciones y mantener su viabilidad, recurrieron a alternativas como reducir sus costes fijos a través de los ERTE, pedir ayuda bancaría con los avales del ICO, préstamos del fondo administrado por la Sepi y, en algunos casos, a la financiación a través de Cofides que cuenta con el Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, dotado de 1.000 millones de euros.

Finalmente, hasta han acudido a transacciones estratégicas para conseguir financiación más inmediata que han convertido al 2021 en un “año histórico” en compraventa de hoteles, además de otras operaciones como de sales&leaseback (abreviatura en inglés de “venta y arrendamiento posterior"), una transacción financiera en la que una empresa o particular vende un activo y lo alquila a largo plazo, pudiendo seguir usándolo, aunque ya no le pertenezca, si bien puede optar a su recompra. Es una forma de financiación, utilizada asimismo por las aerolíneas con sus aviones.

Incertidumbre y cierres

Toni Mayor, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (HOSBEC), señala que, con la aparición de nuevas variantes, prevalece la incertidumbre y la imposibilidad de hacer previsiones: “El año pasado, logramos hacer algo en verano y recuperar cierto beneficio en la temporada, trabajamos desde julio hasta final de octubre/mediados de noviembre y ahora volvemos a estar en cero, aparece otra variante del virus y la vuelta de las restricciones en toda Europa, y vemos que va a haber momentos, de aquí a tres meses, que vamos a bajar mucho, no solo los hoteleros, todo el sector turístico”.

Agrega que hasta, posiblemente, tendrán que echar mano de créditos ICO. “De hecho, todo el sector estamos pidiendo un aparcamiento de la devolución de los créditos solicitados con avales del ICO que se dieron en 2020, porque no se van a poder devolver en 2022. Tendrían que ser aplazados hasta 2023-2024, porque si no hay cambios, en dos o tres semanas podemos estar todos cerrados o casi todos”, lamenta.

Consolidando los brotes

Por el lado del sector aéreo, Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), destaca que, afortunadamente, la mayor parte de las compañías aéreas ha logrado sobrevivir al comienzo de la pandemia, en el otro confinamiento. “Ahora mismo todavía estamos a un nivel bajo de demanda porque, en España, apenas ha volado el 42% de los pasajeros que lo hicieron en el mismo período de 2019, es decir, que estamos todavía ante el comienzo de la recuperación”.

Admite que la mayoría de las aerolíneas se ha endeudado mucho, en unos casos, los gobiernos han venido a rescatar; en otros, endeudamiento propio. “Ahora la clave es recuperarnos y no depender de ayudas estatales que, en realidad, son créditos que ahora hay que devolver con su principal y sus intereses. Algunas ya han comenzado a hacerlo. Creo que lo ideal es trabajar en que se recupere la demanda lo más rápido posible, lo cual no creemos que sucederá hasta el 2023 o 2024, aunque sí esperamos que 2022 sea el año en el que comience a consolidarse esa recuperación que ha iniciado en 2021. Entonces, en función de esa recuperación de la demanda, veremos cómo se puede ir devolviendo toda esa deuda que todas las compañías hemos asumido”.

Para mostrar la deuda del sector aéreo, Gándara cita un estudio de McKinsey, en el que se calcula que la industria aérea mundial, en su conjunto, estaba en un nivel de endeudamiento del 120% de sus ingresos anuales en un año normal, prepandemia. Destaca que también hay compañías que han ampliado capital, en cuyo caso no hay deudas sino capital adicional que se devolverá en dividendos.

Sorteando la crisis

José Manuel Benedi, coordinador sectorial de Grandes Riesgos de la consultora Crédito y Caución, destaca que los niveles de solvencia del sector turístico, uno de los que ha sufrido de manera más directa los efectos económicos de la pandemia, se han deteriorado significativamente con respecto a los niveles preCOVID.

No obstante, considera que “el sector ha mostrado una enorme resiliencia a lo largo de esta crisis, haciendo un uso intensivo de las herramientas habilitadas, desde los ERTE a los préstamos con garantías públicas, para mantener su liquidez en uno de los entornos más complejos que ha debido afrontar en décadas”.

Impagos y deterioro

Bendi señala que, gracias a estas medidas, los niveles de impago no reflejan la totalidad del deterioro de sus niveles de actividad y progresivo endeudamiento, si bien el número de concursos en 2021 creció de manera considerable.

“El empeoramiento del riesgo de crédito se ha producido en todos los segmentos. Los hoteles han afrontado caídas abruptas de su facturación, pero contaban con mayores capacidades y acceso a financiación que la hostelería, más atomizada. Dentro de esta, especialmente el ocio nocturno es el segmento que más cierres ha sufrido. El transporte de viajeros, especialmente el interurbano, también se ha visto muy afectado por la falta de movilidad, a lo que ahora se suma el incremento en el precio de los carburantes. Las aerolíneas, sin embargo, han registrado rescates en muchos países”.

Futuro incierto

La incertidumbre en torno al desempeño del sector en 2022 es muy elevada. El año es complicado porque el sector tendrá que hacer frente a muchos vencimientos de deuda con carencias en los próximos meses sin haber recuperado sus niveles de actividad, como se preveía. 2021 ha estado marcado por la fortaleza del turismo nacional y se esperaba que, en 2022, con la pandemia bajo control, pudiesen recuperarse los niveles previos a la pandemia de turismo internacional.

Agrega que, sin embargo, el desarrollo de las nuevas variantes y las posibles acciones para mantenerlas bajo control, incrementa significativamente las incertidumbres sobre la facturación del próximo ejercicio. En un contexto de facturación aún insuficiente, las empresas de mayor tamaño tendrán cierto poder para renegociar su deuda, pero muchas otras podrían quedarse en el camino.

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