Riu Oliva Beach y Tres Islas: la lucha por el futuro de 700 personas

El conflicto viene de lejos, como han explicado a este diario fuentes de Riu Hotels & Resorts:

- La Ley de Costas de 1988 deslindó ese tramo de costa, la línea de deslinde se fijó en 1992 y el 100% de los hoteles quedó dentro del espacio de dominio público. Cualquier propietario a quien la ley expropia de su propiedad privada tiene derecho a una concesión compensatoria, en el caso del Oliva Beach de 30 años prorrogable por otros 30, y en el Tres Islas de 30 años, sin alusión alguna a los otros 30; aunque la Ley de Costas de 2013 elevaba estos periodos hasta a 75 años.

- En 2007 la cadena pidió en el Ayuntamiento de La Oliva autorización para acometer obras de reforma en el Riu Oliva Beach y como los informes técnicos y jurídicos eran favorables, pensaron que era un mero trámite y vaciaron el hotel a la espera de obtener la licencia de obras, mandando a su personal a un ERTE temporal de suspensión. Pero no fue así y se vieron obligados a firmar una reducción voluntaria del plazo de la concesión a 10 años desde ese momento “por motivos técnicos y sociales” para poder proseguir.

- En 2014, cuando finaliza la obra y vuelven los trabajadores, se organizan en una asociación popular en la que también se integran comerciantes, proveedores, taxistas y hasta equipos deportivos de la comarca, para que la empresa instara al Ministerio a anular el acuerdo de reducción de la concesión suscrito en 2007, alegando que esos motivos ya habían desaparecido, y volver a la concesión originaria de 30 + 30 años. La cadena sólo puso una condición para recurrir de nuevo al Ministerio: el consenso insular, que todos los partidos políticos y autoridades apoyaran la iniciativa, como así ocurrió, a nivel del Gobierno canario, el Cabildo y los ayuntamientos. Finalmente se anula el acuerdo y se prorroga la concesión pero ya no con carácter compensatorio, por lo que la empresa tiene que pagar un canon anual que, tras un año de desencuentros, la Administración fija en dos millones de euros, que desde entonces viene pagando religiosamente.

Como reconocen desde Riu, “no podremos seguir pagando ese canon de dos millones de euros anuales si no podemos reformar el hotel para reposicionarlo, pasarlo de 3 a 4 estrellas y subir tarifas; teniendo en cuenta además que el concesionario, por ley, tiene la obligación y el derecho a acometer esas obras de reparación y mantenimiento”

- En el último trimestre 2016 se confirma la prórroga extraordinaria de la concesión por 75 años.

- En 2017 piden autorización de las obras para el proyecto de reforma, proyecto en el que han estado trabajando los meses previos los arquitectos de la cadena con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente para adecuarse exhaustivamente a sus requerimientos, pero aún así pasan los meses sin respuesta por cambios en las Administraciones canaria y central.

Imagen de la última concentración de los trabajadores a las puertas del hotel. La próxima ya está convocada para el próximo día 21, y todas con la misma reivindicación: "¡Este hotel no se tira!".

- En 2018 la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias traspasa la competencia de la gestión del litoral a la Comunidad Autónoma, y aún así en 2019 el Ministerio de Transición Ecológica interfiere en competencias canarias al incoar expediente de revisión de la concesión. Pero ese procedimiento es largo y arduo, pues el expediente tiene que pasar por el Consejo de Estado, firmarlo el titular del Ministerio y aprobarlo el Consejo de Ministros, y en el primer paso vuelve a la casilla de salida porque el Consejo de Estado se lo devuelve (igual que la Abogacía del Estado nunca ha dado la razón a la Administración en este asunto). Por ello el Ministerio vuelve a la carga e incoa la caducidad de la concesión por incumplimiento, que bien puede ser porque la concesionaria no ha cumplido con los condicionantes recogidos en el título concesional -plazos y pagos, fundamentalmente-, o con las condiciones generales de la ley -básicamente, no realizar obras ni incrementar el volumen construido-. En cualquier caso el Ministerio tiene que argumentar sus razones e indemnizar a la empresa, monetizando el lucro cesante que le supone por los años de concesión anulados.

- En agosto de 2021 el decreto de traspaso de competencias a Canarias, aunque ya estaban transferidas desde la reforma del Estatuto de Autonomía en noviembre de 2018, coincide con la notificación a la cadena de dos expedientes. Por un lado, el de caducidad por obras realizadas en el Tres Islas en 2007, con una multa en torno a 13.000 euros, por haber techado la terraza del antiguo spa para habilitar habitaciones, la instalación de un jacuzzi en el spa y un arco en la entrada. Todo ello tras, según indican desde la cadena, “la presión de sucesivas visitas de inspección, sin responder al principio de proporcionalidad, ni ofrecer solución alternativa como eliminar esos elementos y volver a la situación previa; aparte del hecho de que ya no era de su competencia e infiere así en deslealtad institucional con Canarias”. A ese expediente se suma otro sancionador al Riu Oliva Beach, con 200.000 euros de multa porque el Ministerio considera que “el local arrendado para tienda en el hotel no tiene objeto turístico, y por el cambio de una máquina potabilizadora”.

En octubre de 2021 un grupo de trabajdores del Riu Oliva Beach acudieron a exponer su caso al Parlamento Europeo, donde recibieron el apoyo de todos los parlamentarios. Foto: Canarias7.

- En octubre de 2021 Riu presenta la solicitud de licencia de obras en la Consejería, entendiendo que esas competencias ya están transferidas desde 2018; mientras que los representantes de los trabajadores de ambos hoteles acuden a Bruselas, al Parlamento Europeo, a exponer su situación, recabando el apoyo de los parlamentarios, que piden explicaciones al Gobierno español.

- El próximo 23 de febrero el Gobierno central vuelve a reunirse con el canario para avanzar en el traspaso de competencias, y ya se está barajando la posibilidad de que Madrid se reserve la gestión de las concesiones de régimen transitorio o compensatorias, justamente las que afectan a los dos hoteles; competencias que parece ser que también ha retenido en el caso de Andalucía pero no en el de Cataluña, las únicas Comunidades que las tienen transferidas. Los trabajadores han vuelto a convocar movilizaciones para el día 21.

Situación actual

Ahora siguen adelante los expedientes puestos en marcha en 2021: el de caducidad de la concesión del Tres Islas y el de cancelación del Riu Oliva Beach

Desde la cadena recuerdan que “Canarias vive del turismo, que estamos de acuerdo en que cada vez tiene que ser más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, en aplicar políticas de conservación que ayuden a paliar sus efectos”. Pero en su opinión “la persecución a la que están sometiendo a ambos hoteles, jugando con el futuro de sus trabajadores, es ilegal, un abuso de autoridad y un desvío de poder, esto es, cuando las medidas adoptadas por cauces legales obedecen a cumplir un objetivo prefijado, que no es otro que demoler los establecimientos. Esta irregular aplicación de la legalidad también es injusta y genera una inseguridad jurídica que provoca que no se invierta ni contrate a más personal”.

En Riu son conscientes de que “llegará un momento que las concesiones se acaben, pero cumpliendo con los plazos que marca la ley, para lo que aún hay tiempo para prepararse psicológica y laboralmente”

En esta lucha tienen el respaldo de todas las autoridades de Fuerteventura, además del de los sindicatos, con Intersindical Canaria al frente. El Gobierno autonómico, según añaden fuentes de la cadena, “también nos apoya, aunque le falta contundencia, valentía para oponerse a los suyos y reclamar sus competencias; además de que hemos perdido el foco por todo lo ocurrido en estos dos últimos años, pandemia incluida, pero tenemos que mantenerlo sobre este problema porque nos jugamos mucho”. Los trabajadores desde luego van a continuar con sus movilizaciones bajo el lema de “Este hotel no se tira”. La próxima, el 21 de febrero.