El Tribunal Supremo falla a favor de Airbnb en Cataluña

Según ha explicado el departamento de Empresa, "el número de registro es obligatorio según la normativa catalana para identificar a los establecimientos y como garantía de legalidad".

En este sentido, recuerda que "en el marco del despliegue de las actuaciones de control sobre plataformas, el Govern ha requerido la retirada de decenas de miles de anuncios a los operadores. Asimismo, ha abierto 1.706 expedientes sancionadores a personas que llevaban a cabo su actividad de alojamiento en viviendas de forma irregular. De estos, 1.530 fueron resueltos con imposición de multas de entre 3.001 y 30.000 euros, con una cuantía total que supera los 9,2 millones de euros".

Por todo ello, la administración catalana y las citadas organizaciones consideran que la sentencia del TS "afecta negativamente a las empresas que realizan su actividad de manera legal, a las comunidades locales, a los propios turistas y a las administraciones".

"Pérdida de control"

Según sostiene el Govern de la Generalitat de Catalunya, CONFECAT, PIMEC Turisme, FOMENT, ACAVe, TURALCAT i la Federació Catalana de Càmpings, "la sentencia afecta negativamente sobre las repercusiones que genera la oferta de alquiler turístico ilegal en las empresas, comunidades locales, los propios turistas y las administraciones, y que son las siguientes":

• "La pérdida de control administrativo de la autoridad turística de destino".
• "El consiguiente fraude para los turistas".
• "El perjuicio a la convivencia entre turistas y residentes, y consiguientemente la calidad de nuestro destino".
• "El efecto perturbador que genera la competencia desleal en los operadores legales".
• "El fomento del fraude fiscal, la vulneración de las normas urbanísticas, las ordenanzas municipales y los estatus de las comunidades de propietarios".
• "La afectación a la seguridad del destino, puesto que se escapa del control de la obligación de comunicar la declaración del registro de viajeros a la Policía-Mossos d'Esquadra".

Foto: Airbnb.

Cambios en la legislación europea

El Departamento de Empresa y Trabajo informa que "sigue aplicando la normativa turística catalana como garantía de la correcta ordenación de la actividad de alojamiento turístico en Cataluña".

En este sentido, "en el ámbito normativo defenderá la posición catalana en los cambios que se están efectuando en la futura Ley europea de Servicios Digitales (Digital Services Act) que modifica la Directiva de Comercio Electrónico 2000/31 a la que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo".

"También en el campo normativo defenderá que la futura regulación europea de los alojamientos de corta duración defina condiciones equitativas y justas para todos los actores económicos", añade la consejería de Empresa.

"Para la consejería es básico que las regulaciones europeas y estatales se doten de principios que velen porque las administraciones regionales y locales tengan los instrumentos para ordenar la actividad en su territorio. Los futuros cambios normativos tendrán que velar por este encaje dado el impacto real que tiene sobre nuestro territorio una práctica como la del alquiler de vivienda turística", añaden las mismas fuentes oficiales.

"Mientras no se aprueben estas normativas que dibujarán una nueva situación para plataformas como Airbnb, la Dirección General de Turismo seguirá poniendo en conocimiento de las plataformas los contenidos ilegales que alojan siguiendo la fórmula que ha marcado el pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo e insistirá en que la plataforma asuma la retirada de estos contenidos", remarca el departamento de Empresa.

La respuesta de Airbnb

Tras la sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado 19 de enero, la directora general de Airbnb Marketing Services SL, Mónica Casañas, remitió un escrito a diferentes administraciones públicas en Cataluña, asegurando que "la posibilidad de alquilar una casa a viajeros ha supuesto un salvavidas económico para muchas personas tras el devastador impacto de la COVID-19".

En este sentido, Airbnb cita un estudio de Oxford Economics, según el cual "la actividad generada a través de Airbnb facilitó la creación de 5,1 empleos por cada 1.000 llegadas de viajeros en 2020, una cifra superior a la de 2019, cuando sin pandemia, esa misma actividad ayudó a crear 4,7 empleos por cada 1.000 huéspedes".

"El impacto que la plataforma tiene en los particulares, los comercios y los pequeños propietarios se refleja en que 8 de cada 10 anfitriones en Cataluña tienen un solo anuncio y en que casi la mitad del gasto que realizan los huéspedes tiene lugar en las cercanías o en los barrios donde se hospedan", explica la directora general de Airbnb Marketing Services SL.

Airbnb: "En Cataluña, desde 2018, la plataforma facilita a los anfitriones que anuncian viviendas de uso turístico una herramienta para que estos puedan mostrar su número de registro"

"Airbnb es un buen aliado de las administraciones públicas y ha trabajado con miles de gobiernos y organizaciones en todo el mundo. En Cataluña, desde 2018, la plataforma facilita a los anfitriones que anuncian viviendas de uso turístico una herramienta para que estos puedan mostrar su número de registro, lo que facilita la labor de inspección e identificación por parte de las autoridades", añade la directiva de Airbnb.

Además, destaca que "la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona a través del intercambio de información con Airbnb, ha permitido al consistorio identificar y eliminar de la plataforma más de 7.000 anuncios".

"Asimismo, cuando en agosto de 2021 entró en vigor una modificación del decreto de turismo en Cataluña que creaba la modalidad de 'llars compartides' (alquiler de habitaciones), se activó la misma herramienta para que los anfitriones de la recién regulada categoría también pudieran mostrar su número de registro", indica la plataforma.

"Prestador de servicios de la sociedad de información"

Según indica Mónica Casañas, "el Tribunal Supremo ha dictaminado que Airbnb es un prestador de servicios de la sociedad de la información y no de servicios turísticos o inmobiliarios".

"Airbnb considera que este fallo es un paso adelante para seguir colaborando con los gobiernos, dejar por fin de lado este caso -abierto desde 2015- y trabajar de materna conjunta en una normativa clara, adaptada a la realidad actual de los viajes y que apoye a los particulares y a las familias", añade la empresa.

Respecto a las nuevas normas en las que está trabajando la Comisión Europea, "Airbnb se ha comprometido a hacer cumplir las reglas armonizadas que salgan de la UE y ha propuesto que se endurezcan las condiciones para las actividades especulativas inmobiliarias. Al mismo tiempo, ha solicitado facilitar que los particulares puedan acoger viajeros en sus hogares", indica la empresa.

"Airbnb sigue estando comprometida al 100% con los gobiernos locales y regionales en Cataluña para empoderar a los particulares y ser parte de la solución contra la masificación turística. Airbnb quiere asegurarse de que la plataforma funciona para todos y espera poder seguir trabajando con las administraciones y explorando los beneficios de las colaboraciones público privadas", concluye la directora general de Airbnb Marketing Services SL.