Aerolíneas: el Gobierno debe asumir el coste de medidas antiCOVID de Aena
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la principal patronal del sector en España, ha valorado la reducción de tasas aeroportuarias a partir de marzo
Publicada 18/02/22 15:43h
“A partir de mazo, las tarifas aeroportuarias se reducirán en un 3,17%, una bajada que podría ser mayor si Aena no cargase a las aerolíneas los costes por los controles sanitarios contra la COVID-19”. Así lo ha afirmado Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la principal patronal del sector en España, al reclamar al Estado español asuma la totalidad de los costes en los que ha incurrido el gestor aeroportuario por la implantación de medidas sanitarias en los aeropuertos españoles que ascienden a 140 millones de euros y que no sean trasladados a los usuarios en forma de tasas a los pasajeros ni un sector tan afectado por la crisis con el aéreo. De no haberse repercutido el coste de las medidas, la rebaja habría sido de más de un 10%.
El presidente de ALA ha señalado que estos costes son derivados de los servicios de prevención, higiene y seguridad sanitaria que ha gestionado Aena a lo largo de 2020 y 2021 en la llegada de vuelos internacionales de las diferentes infraestructuras aeroportuarias.
“Esta cuantía repercute en los usuarios, ya que se traduce en una mayor presión tarifaria o, como en este caso, en un freno en la rebaja tarifaria, en un momento donde aminorar la carga tarifaria es clave para favorecer la recuperación del sector tras varios años marcados por la pandemia”.
Agrega que la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19’ establece en su disposición adicional primera que los costes en los que incurra Aena por los conceptos anteriormente citados que no se cubran vía subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que pueda percibir el gestor aeroportuario, se recuperarán a través de tarifas aeroportuarias, traspasándose, por tanto, a las compañías aéreas, en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).
Gándara ha recordado que el control de los viajeros internacionales depende de Sanidad Exterior, que es competencia exclusiva del Estado, por lo que estas medidas se circunscriben al ámbito de la protección de salud de la que es responsable el Ministerio de Sanidad y, por ende, el Estado.
En este sentido, ha incidido en que La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, recoge entre sus funciones organizar y garantizar la prestación de la atención sanitaria del tránsito internacional de viajeros, de la prevención de las enfermedades y lesiones del viajero y de los servicios de vacunación internacional, entre otras.
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“Siendo estos controles realizados en aeropuertos frente a la COVID-19 una cuestión de salud pública, no entendemos que el Estado se desentienda de su responsabilidad de sufragar sus costes y los cargue a las compañías aéreas”, ha puntualizado el representante de ALA.
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