Impuesto a los billetes de avión: la propuesta de los expertos de Hacienda

María Jesús Montero recibía la pasada semana al Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario, que le hizo entrega del Libro Blanco, un informe en el que han trabajado en los últimos diez meses y donde se recogen sus sugerencias en materia de fiscalidad, con el objetivo final de modernizar el sistema tributario español.

Este grupo se constituyó el 12 de abril de 2021 y tiene un carácter multidisciplinar. Durante estos meses se han dedicado a analizar el sistema tributario en su integridad y a elaborar una propuesta de reforma fiscal, que ahora han entregado al Gobierno.

La ministra recibe la propuesta.

Entre la amplia batería de medidas que recoge el documento está la creación de un impuesto sobre los billetes de avión.

"Esta propuesta busca así equilibrar las actuaciones correctoras en los distintos segmentos de transporte para inducir cambios de comportamiento que respondan a la internalización de todos los costes del transporte aéreo, favorezcan el cambio modal en trayectos cortos y promuevan el desarrollo e implantación en el sector de tecnologías que sean compatibles con la transición ecológica", señala el documento

No obstante, los expertos advierten de que este tributo no ha de aplicarse sobre vuelos que no generen emisiones directas de gases de efecto invernadero.

En este sentido, hacen una simulación tomando el ejemplo de Holanda, que en 2021 introdujo una tasa de 7,85 euros por pasajero, con lo que el precio final de los billetes se elevaría un 15% para los vuelos nacionales y un 6,7% para los internacionales.

Simulación del impacto del impuesto sobre billetes aéreos.

Según esta simulación, el número de viajeros se reduciría en un 8,5%, mientras que las emisiones de CO2 caerían un 5,6%, al tiempo que se lograría una recaudación de 951 millones de euros.

De este modo, los expertos abogan por destinar una parte considerable de la recaudación a "favorecer el desarrollo e implantación de tecnologías menos gravosas desde un punto de vista medioambiental en el sector aéreo"

Sin embargo, llaman a tener en cuenta mecanismos compensatorios a los hogares de menor capacidad económica para evitar que la tributación adicional dificulte su acceso al transporte aéreo y sugieren considerar la devolución parcial del gravamen considerado a los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Queroseno

Paralelamente, el Comité defiende la tributación de los combustibles de aviación, que según sostienen, "genera en la actualidad importantes externalidades medioambientales", lo que hace necesaria la sustitución de la combustión fósil, mediante un cambio tecnológico que permita el uso de carburantes sin emisiones de gases de efecto invernadero.

"Las abundantes exenciones tributarias (accisas e IVA, en ciertos casos) y la cobertura parcial de las externalidades ocasionadas demanda acciones decididas que sitúen al sector en una senda compatible con la transición ecológica", apunta el documento

Los expertos recogen dos simulaciones, una con el tipo mínimo inicial de 1,075 euros el gigajulio (GJ) y otra con el tipo mínimo final de 10,75 €/GJ. La recaudación prevista para España podría pasar de los 142 millones de euros al año, con una caída del 1,66% de las emisiones de CO2, hasta los 1.203 millones (16,61% menos de emisiones).

Los expertos abogan por destinar buena parte de los ingresos obtenidos a "fomentar el desarrollo e implantación en el sector aéreo de alternativas tecnológicas con menores impactos medioambientales" y sugieren también considerar la pertinencia de compensaciones a los hogares de menor capacidad económica para garantizar su acceso a este medio de transporte. "Se sugiere, asimismo, considerar una compensación parcial a los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para trayectos con otros lugares del territorio español", destacan.

Realidad económica

Por su parte, Montero aclaraba que el informe del comité no refleja la postura del Ministerio de Hacienda y, por tanto, no anticipa las medidas que adoptará el Gobierno y que, en cualquier caso, siempre tendrán en cuenta la realidad económica.

Una vez entregada la propuesta por parte del grupo de expertos, el Gobierno deberá llevar a cabo un análisis detallado del documento, con el objetivo, como destacaba la ministra, de "avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo, que sea capaz de garantizar la suficiencia de recursos para tener un Estado del Bienestar fuerte"

Montero enfatizó que la prioridad del Gobierno es seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleo de calidad, así como mitigar el impacto económico de la crisis desatada por la invasión rusa de Ucrania. En ese sentido, la ministra recordó las rebajas fiscales adoptadas para contener el precio de la energía que, ante la crisis actual, serán prorrogadas hasta el 30 de junio y avanzó que en este contexto actual de inestabilidad internacional por el conflicto "no se va a plantear ninguna subida fiscal".

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