Illes Balears sienta las bases para liderar el turismo del futuro

Imagen de Menorca. Fotografía de Flo G en Pixabay.

Así demuestran estar comprometidas con el objetivo de ser plenamente sostenibles, entendido desde una triple vertiente: social, medioambiental y económica. El turismo, la principal industria de las islas, tiene que liderar esta transición para aportar su bagaje, conocimiento y cadena de valor al conjunto de la economía.

Ahora el objetivo es que el sector sea un motor de impactos positivos en toda la sociedad y en el medio ambiente, un auténtico motor de regeneración y de fortalecimiento social, con una nueva ley de turismo, respetuosa con los derechos de los trabajadores, y con los recursos y el medio ambiente.

Así, conducirá a una reforma que permitirá continuar llevando al turismo hacia la calidad, ante un futuro extraordinario, que estará marcado por la circularidad, la calidad y la sostenibilidad.

Para ayudar al sector en la transformación, la norma contará con 60 millones de euros en ayudas directas, de los cuales 45 millones se destinarán a circularidad y 15 millones a las camas elevables. Tiene cuatro ejes principales: sostenibilidad social, medioambiental y territorial, y, en cuarto lugar, modernización y simplificación administrativa.

Respecto a la sostenibilidad social, como punto de partida apuesta por la calidad de la ocupación y la calidad de vida de las personas, destacando el impulso a la instalación de camas elevables, una reivindicación histórica de las camareras de pisos. Se aplicará a todos aquellos establecimientos turísticos que tengan obligación de limpieza diaria, y se dará hasta seis años para que los establecimientos se puedan adaptar a la nueva normativa, teniéndolo que hacer más rápidamente aquellos de categorías superiores. Se prevé renovar más de 300.000 camas en todo el archipiélago.

Además, se establece la creación de un grupo de trabajo presidido por el IBASSAL con los representantes del sector para evaluar las medidas y buenas prácticas en materia de ergonomía o carga de trabajo.

En sostenibilidad medioambiental, la ley incluye la sustitución de calderas de fuel-oil por alternativas más sostenibles, la trazabilidad del pescado y marisco primando el producto local o la prohibición de amenities desechables. En este ámbito se exigirá a las empresas un plan de circularidad que incluya la evaluación de la gestión de los recursos y los residuos generados, enfocado en cuatro pilares: energía, agua, materiales y alimentos.

Respeto por el entorno y el territorio

En el eje de sostenibilidad territorial es prioritario el bloqueo al crecimiento de plazas turísticas en todas las islas durante cuatro años, tanto en el alquiler vacacional como en cualquier otro tipo de alojamiento. Pasado este plazo, los consells insulares evaluarán la necesidad del mantenimiento de la medida, dependiendo de la evolución en materia de residuos y de emisiones de efecto invernadero.

Por último, la modernización y simplificación administrativa supone una apuesta clara por la calidad del servicio, con una nueva clasificación hotelera adaptada a los nuevos tiempos y que elimina puntos que habían quedado obsoletos.

Así, los estándares de las categorías más bajas se incrementan, con la intención de subir la calidad mínima y se modernizan los criterios y puntuaciones de la clasificación, con el fin de lograr un parque hotelero más sostenible desde el punto de vista medioambiental y social y en línea con los grandes ejes de la nueva Ley.

La nueva legislación incluye una delimitación exhaustiva de los aspectos que serán considerados infracciones administrativas, sea por acción u omisión, entre los se encuentran el no cumplir el plazo máximo establecido para la instalación de camas elevables, el incumplimiento de la obligación de disponer de un plan de circularidad, Incumplir la obligación de eliminar las instalaciones térmicas que funcionan con fuel o gasóleo, o No indicar de manera diferenciada a la carta, menú o similar, los productos tanto de marisco como de pez que tengan origen balear. Las sanciones oscilan entre los 500 y los 100.000 euros.

Cada Consell Insular será competente para la iniciación y la resolución de los procedimientos para la imposición de las sanciones a que hace referencia la norma.