Las agencias tendrán que comunicar a Interior datos de sus clientes

La controvertida normativa es el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

Se trata de una regulación, que ha pasado prácticamente desapercibida, que tenía que entrar en vigor el pasado mes de abril, pero que se ha pospuesto hasta el 1 de enero dado que las bases de datos que requiere el Real Decreto no estarán activas hasta esa fecha, según ha comunicado la propia Secretaría de Estado de Seguridad.

La nueva regulación tiene que ver con la lucha del Estado contra la actividad terrorista y el crimen organizado y pretende que todo aquel que preste servicios de intermediación entre las empresas dedicadas a la hospedería y al alquiler de vehículos y los consumidores comunique a Interior datos de la persona que reserva. Eso incluye también a los operadores turísticos.

Un sinsentido

Catiana Tur critica que desde la administración se ha impuesto a las agencias de viajes las mismas exigencias en el registro de datos que para un hotel o una empresa de rent a car, "cuando la agencia no disponen de los mismos datos".

Desde ACAVe reclaman a la Administración "que se dé una solución lógica a las agencias porque hay datos que son imposibles que ellas puedan facilitar".

Por ejemplo, señala que se obliga a las agencias a comunicar la matrícula o el número del bastidor del vehículo que alquilará su cliente, cuando una agencia desconoce el coche que se le entregará en el destino.

Otras peticiones de datos que la Administración reclamará a las agencias es si el hotel donde se hospeda el cliente ofrece wifi en la habitación o con quién se va a alojar el titular de la reserva y el parentesco que tiene. "Normalmente, las agencias reservan una habitación doble a una persona", señala con estupor Catiana Tur, pero desconoce con quién se va a hospedar y mucho menos el parentesco que tiene.

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Por otro lado, tacha de "sinsentido" que vaya a existir un "doble registro" de los viajeros que reserven hotel y un vehículo a motor con una agencia de viajes. En un primer momento, por parte de la agencia y, con posterioridad, en el hotel o en la empresa de rent a car.

El caso es que ni la propia Administración ha desarrollado todavía la plataforma en la que habrá que volcar los datos de los viajeros y precisamente por ello se ha retrasado su entrada en vigor hasta enero de 2023.

La gerente de ACAVE enmarca la controversia de esta normativa dentro de la "falta de diálogo" que en general hay entre las autoridades y las empresas afectadas por las regulaciones.

Lamenta que se haya desarrollado una regulación "sin contar con el sector", pero que, a la hora de aplicarla, "se están dando cuenta de que hay exigencias que son inaplicables".

Por ello, la asociación ha reclamado al Ministerio del Interior que "reconsidere la norma y se aplique de manera lógica" a las agencias de viajes.

Un freno al turismo

Pero no solo desde ACAVe están presionando a la Administración para que rectifique, también desde GEBTA han rechazado frontalmente estas nuevas exigencias y de hecho reclaman que se derogue, en un artículo de opinión de su director general, Marcel Forns, publicado en HOSTELTUR.

Forns opina que la norma "contraviene el derecho comunitario y obliga a la recogida de datos confidenciales y sensibles" y "puede convertirse en un freno a la entrada de turistas y viajeros de negocio".

En total, son más de 30 datos personales de todo tipo, que deberán conservarse por un período de tres años y que superan con creces la información que se venía exigiendo hasta la fecha.

Independientemente de la carga de trabajo que va a suponer para las agencias la recopilación de estos datos, a GEBTA le preocupa sobre todo la información personal que se facilita del cliente.

"El aspecto más grave y preocupante del Real Decreto está en el volumen y la naturaleza de los datos requeridos por el Ministerio del Interior, que incorpora datos tan sensibles como el medio de pago utilizado en la reserva, el número de tarjeta de crédito, la fecha de caducidad de la tarjeta, el número de la cuenta bancaria del titular, número de teléfono fijo y móvil, el correo electrónico, o los datos de GPS en caso de estar disponibles, para el supuesto del alquiler de vehículos, además de toda una retahíla de datos personales habituales", advierte.

Considera que la normativa española, mucho más exigente que la de Francia, Alemania o Reino Unido, "vendría a infringir la normativa comunitaria y la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" y por ello cree que "no debería tener recorrido posible" en su aplicación.

A la controversia legal, GEBTA añade el impacto que supondrá para la actividad turística si hay que recopilar tantos datos de los 82 millones de turistas que visitan España, sin contar a los viajeros de negocios o los turistas españoles.

Por todo ello exige su derogación porque además puede "convertirse en un torpedo a la línea de flotación del sector del turismo y una auténtica bomba de relojería para la recuperación del turismo y de buena parte de los viajes de empresa".