Factura electrónica: obligatoria si facturas más de 8 M € a partir de 2024

Posteriormente, se prevé que la factura electrónica sea obligatoria también para las empresas y autónomos con una facturación anual inferior, que deberán implementarla durante los siguientes dos años de la aprobación de la norma, es decir, para 2025.

Así lo ha explicado Iker Beraza Pérez, Vocal Asesor de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España en el evento eProcurement Tech Summit 2022.

Dicho evento ha sido organizado por la empresa Voxel, especializada en facturación y pago electrónico.

Más de 120 personas participaron en este encuentro para abordar los retos de la transformación digital de la cadena de abastecimiento del canal Horeca.

Una imagen del encuentro organizado por la empresa Voxel.

Luchar contra el abuso de los plazos de pago

Según los planes del Gobierno, la implantación de la factura electrónica permitirá luchar contra el abuso de los plazos de pago, "asegurando el cumplimiento de la normativa de morosidad comercial general y sectorial, con datos fiables sobre plazos de pago de clientes a proveedores".

Al mismo tiempo, se avanzará en la digitalización de las empresas, en especial PYMES y profesionales autónomos, en el marco del Plan de Recuperación de la economía española.

En 2021, se intercambiaron 296 millones de facturas electrónicas en España

Con este nuevo modelo, las empresas y autónomos podrán comunicar la fecha de pago real de cada factura. “La obligación de comunicar la fecha de pago puede recaer en el pagador, el cobrador o ambos”, explicó Beraza.

Con ello, se podrá monitorizar el cumplimiento de la normativa de morosidad comercial, además de que empresas y autónomos tendrán la capacidad de emitir y recibir facturas electrónicas en un único formato y por un único canal, automatizando el proceso, lo que supone una gran disminución de costes.

En este sentido, Beraza ha añadido que “se creará un observatorio nacional con capacidad de configurar un listado de los peores pagadores, con la idea de que represente una sanción reputacional, con el objetivo de redirigir determinadas conductas en los pagos”.