La turistificación no justifica una moratoria hotelera, dice Competencia

Prohibición de más viviendas de uso turístico y de hoteles en suelo residencial

La moratoria de alojamientos turísticos fue anunciada en noviembre de 2021 y según informó entonces el Diario de Cádiz, "una vez tramitado el cambio del PGOU, entrarán en vigor cambios notables que se traducen en límites a los proyectos de alojamiento".

"El más notorio es que en todo el casco histórico se impedirá la implantación de más viviendas con fines turísticos (VFT) al considerarse que la presión turística está por encima de los porcentajes entendidos como óptimos; y ya no podrán construirse hoteles en fincas calificadas en suelo residencial, salvo aquellas que el PGOU otorga un grado de catalogación 0 y 1 (los de mayor protección) entendiéndose que estas fincas tienen pocas salidas salvo la de uso hotelero", según explicó el diario gaditano.

En el término municipal situado fuera del casco histórico, la nueva regulación sí permitirá que las fincas puedan transformarse en hotel o apartamentos turísticos "pero limitará la creación de nuevas VFT a las plantas baja, primera y segunda de los edificios".

• Fin a las licencias para alojamientos turísticos (Diario de Cádiz, 26 de noviembre, 2021)

"Evitar la excesiva turistificación de la ciudad"

El Ayuntamiento de Cádiz informó que la modificación del PGOU se encuentra motivada “para evitar la excesiva turistificación en la ciudad”.

Sin embargo, este argumento no es considerado válido por las autoridades andaluzas de Competencia. "La turistificación no es una razón de interés general por sí misma, de la misma forma que no lo es, por ejemplo, la industrialización, teniendo estas actividades efectos positivos, como son por ejemplo el empleo y el crecimiento económico, y negativos, como por ejemplo la contaminación", indica la citada agencia.

"De este modo, la regulación pública debe potenciar los efectos positivos de la industrialización y adoptar las medidas necesarias para limitar su externalidades negativas, no llegando a prohibir o cerrar estas actividades económicas en cualquier caso", añade la citada Agencia de la Competencia.

"En este sentido, si la turistificación se desarrollara con aspectos problemáticos o disfuncionalidades, como por ejemplo impactos en el medioambiente o de convivencia, se podrían establecer de forma necesaria, proporcionada y no discriminatoria actuaciones y requisitos que tuvieran por objeto limitar tales externalidades negativas al objeto de minimizar sus efectos perjudiciales y reforzar los positivos, de manera que se regulara la actividad sin establecer un cierre de mercado", remarca el organismo.

"El concepto de razón de interés general viene recogido en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, derivado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solo son esas razones las que justifican el establecimiento de una limitación o restricción a la actividad económica, no estando contemplada la turistificación como una de dichas razones", indican las autoridades andaluzas de Competencia.

Según señala la Agencia de la Competencia andaluza, la modificación del PGOU de Cádiz crea "nuevos requisitos adicionales y limitaciones que instauran importantes barreras de entradas para los establecimientos de alojamiento turístico, lo que conlleva un cierre de mercado, al impedir u obstaculizar el acceso de nuevos operadores al mismo".

Por todo ello, el citado organismo inicia acciones judiciales en la vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Cádiz.

Imagen de Cádiz. Foto: Adobe Stock

Cádiz: 13,8 plazas de alojamiento turístico por cada 100 habitantes

Competencia también recuerda que "en la ciudad de Cádiz, con una población censada de 114.244 habitantes, el número total de plazas de alojamiento turístico es de 15.780, incluyendo todas las tipologías de establecimientos, lo que supondría que por cada 100 habitantes hay 13,81 plazas".

"Centrándonos en las Viviendas de Fines Turísticos (VFT), en la ciudad de Cádiz hay 59.204 viviendas, de las cuales, según recoge el Informe de Oferta Turística elaborado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en el año 2022, se destinan 2.315 viviendas a fines turísticos. Por lo que el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en la ciudad de Cádiz sería del 3,9%", explica el organismo.

Competencia insiste en que "la intervención regulatoria local brinda un tratamiento que privilegia a los operadores ya establecidos frente a los nuevos operadores que quieran entrar en el mercado, máxime si se tiene en cuenta el cierre del mismo que estas medidas pueden provocar. Este trato discriminatorio favorece a los operadores incumbentes que podrán seguir operando en el mercado al que accedieron cuando la normativa era bastante menos restrictiva".

"Además, se establecen requisitos discriminatorios para los operadores de Viviendas de Fines Turísticos, dado que se contemplan restricciones específicas adicionales para ellas", añade el organismo.

El Ayuntamiento de Cádiz defiende la moratoria de alojamientos turísticos

Por su parte, y según recoge la agencia de noticias Efe, la portavoz del gobierno municipal, Lorena Garrón, ha lamentado este “nuevo golpe que el PP y la Junta de Andalucía quieren asestar al municipalismo y a la autonomía local”, y ha criticado que prefieran “alinearse con la especulación que ponerse del lado de la gente”.

Por ello, ha exigido a la administración autonómica que “dé marcha atrás”, bajo la advertencia de que el Ayuntamiento llegará “donde haga falta para defender un turismo equilibrado y de convivencia para que Cádiz conserve su identidad desde el convencimiento de que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado”.

El concejal de Urbanismo de Cádiz, Martín Vila, ha asegurado que las viviendas con fines turísticos son "una actividad ejercida por particulares, no por empresas, y resulta contradictorio que le quieran reconocer los beneficios de las empresas cuando no tienen ninguna exigencia”. La Agencia de la Competencia, añade Vila, "debería preocuparse de que estas viviendas suponen una competencia desleal respecto a los establecimientos de alojamiento turístico".

En este sentido, el Ayuntamiento defiende que la modificación del PGOU de Cádiz, al equiparar ciertas exigencias de las viviendas con fines turísticos a los establecimientos de alojamiento, “está reduciendo ese agravio”, por lo que “tendrían que felicitarnos por la iniciativa en lugar de intentar impugnarla”, ha sostenido.

Moratorias hoteleras en España

En otros punto España ya se han implantado moratorias hoteleras.

En el caso de Barcelona, con una moratoria de alojamientos turísticos vigente desde 2015, las consecuencias han sido “precios desorbitados” de los hoteles cuando estos se ponen a la venta y una calidad de las instalaciones que irá a la baja con el paso de los años, según advierten varios operadores.

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También el gobierno de las Islas Baleares aprobó en febrero de 2022 el Decreto Ley de Circularidad y Sostenibilidad Turística, que entre otras medidas incluye una moratoria o prohibición de nuevas plazas turísticas de alojamiento durante los próximos cuatro años.

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