Registro documental: ¿Es posible todavía evitar su aplicación?

José Antonio Fernández de Alarcón, abogado y socio fundador del despacho Monlex, se muestra partidario de impugnar el Real Decreto o plantear una cuestión de prejudicialidad. En definitiva, alguna medida que "fuerce la negociación", señala.

Detalla que se puede plantear una cuestión de prejudicialidad ante un tribunal para que eleve el decreto ante Europa y desde aquí se valore si atenta contra la normativa europea. "En ese momento el Real Decreto quedaría paralizado durante años, pero no se están tomando ninguna de estas decisiones”, agrega.

A poco más de dos meses para que finalice el periodo de adaptación, no entiende “cómo esta cuestión no se ha puesto sobre la mesa de una manera más firme”. Sostiene que esta iniciativa "incumple la normativa europea en materia de servicios de pago, incumple directivas, incluso algún reglamento. Es decir, va contra la norma de rango superior".

Con la nueva normativa, los agentes de viajes dedicarán buena parte de su jornada laboral a la recogida y comunicación de datos.

José Antonio Fernández de Alarcón insiste en que la normativa que obliga a poner en marcha el registro de reservas supone una serie de vulneraciones, como del principio de legalidad, también del reglamento europeo sobre el tratamiento de datos personales y la libre circulación de datos. No respeta principios como la limitación del plazo de conservación de los datos o el de minimización de los mismos. Aquí, en vez de minimizar, "nos piden hasta que determinemos la relación de parentesco", añade.

El socio fundador de Monlex propone que se mantenga el actual sistema de seguridad que tienen los hoteles y que, en todo caso, se extienda a las viviendas vacacionales, a las agencias de viajes y al rent a car

Hasta la fecha, se han venido entregando los datos según las exigencias de la anterior normativa. “Si eso ha funcionado bien, es fácil de hacer y no ha causado ningún problema, que el resto las empresas copie el sistema de los hoteleros. Si ha funcionado bien hasta ahora y ha generado seguridad, mantengámoslo”, asevera.

Carga de trabajo

Cree que este decreto “se ha hecho de espaldas al sector turístico”. Es más, considera que está diseñado por alguien que desconoce cómo funciona esta industria, ya que, además del incumplimiento de varias normativas europeas, presenta una importante problemática operacional.

Supondrá una carga de trabajo adicional para los agentes del sector. La cantidad de datos que han de comunicar al Ministerio del Interior va a ocupar buena parte de su jornada de trabajo. Incluso podrían producirse situaciones como la paralización de la recepción de un hotel durante un tiempo cuando tiene que recibir a grupos grandes, expone Fernández de Alarcón como ejemplo.

Sin olvidar, que se les responsabiliza de la veracidad de la información que recogen: “Si hay un error en la toma de los datos, la responsabilidad es del hotelero o del agente de viajes”.

"Una vez más, el sector turístico no ha estado atento, y sigue sin estarlo. Esto hay que pararlo y a lo mejor hay que impugnarlo para que se den cuenta de que no podemos seguir por aquí. Nos están cargando con multitud de labores de gestoría", agrega

El abogado apela, además, a la intervención de la Secretaría de Estado de Turismo, para que explique en Interior cómo funciona la actividad turística.

Por otro lado, en estos momentos, el periodo de adaptación en el que se halla inmerso el sector no está sirviendo de gran ayuda porque la plataforma digital a la que se deben trasladar los datos no funciona de manera adecuada.

En este contexto, explica José Antonio Fernández de Alarcón, “nuestro consejo es que, una vez que entren en el sistema y comprueben que no funciona, hagan un pantallazo y lo envíen a una dirección de correo del Ministerio, que está en el sistema por si hay alguna deficiencia. De este modo tendrán la prueba de que lo han intentado y no funciona y no les podrá caer la sanción”.

Señala que otros países de nuestro entorno, como Portugal y Francia, también importantes destinos turísticos y también preocupados por la seguridad, no han implantado ninguna medida de este tipo porque no es una transposición de una directiva europea.

Si el fin de este decreto es incrementar la seguridad, se plantea: "¿Dónde está el límite del control o le corresponde a una industria como la nuestra tener el control de esa seguridad?". En todo caso, "más efectivo todavía sería tener un policía en cada hotel?”, ironiza.

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