Uber: la Generalitat de Cataluña requiere su cese inmediato

El anuncio llega un día antes de la convocatoria de manifestación realizada por la Unión Nacional del Taxi (Unalt), la Federación Española del Taxi (Fedetax) y la Confederación del Taxi de España (CTE) para este miércoles en Madrid para pedir que se establezcan las medidas oportunas para impedir que empresas como Uber se establezcan a nivel nacional y para que "se persigan y prohíban este tipo de prácticas".

Según Europa Press, la sanción del Govern puede llegar a los 6.000 euros por expediente e incluye el precinto del vehículo, ha explicado la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, que ha concluido que Uber no dispone de autorización de ninguna administración, por lo que infringe la normativa de transporte de viajeros.

Cese inmediato de Uber requiere la Generalitat de Cataluña

El Govern también informará de las actividades de la empresa y los taxistas fraudulentos a las administraciones tributaria y de la Seguridad Social para valorar "posibles contravenciones" de la normativa en materia fiscal o de derechos de los trabajadores.

Asimismo, los cuerpos policiales tienen orden de reforzar las labores de control y detección de servicios de transporte de viajeros no autorizados, y se ha reforzado la coordinación con el Gobierno central y otras autonomías para vigilar estas actividades en toda España y aplicar las sanciones correspondientes.

Marchas y contramarchas

El Gobierno catalán ha tomado la medida al día siguiente de que el Ministerio de Fomento hiciera la advertencia de que se aplicarían multas de hasta 600 € a los usuarios de coches compartidos sin licencia, así como la sanción para las personas o empresas que realicen el servicio y para las empresas o personas que promuevan, oferten o presten estos servicios sin tener dicha licencia administrativa -léase plataformas de enlace- de multas entre 4.001 y 6.000 euros, importes que aumentarían hasta los 18.000 euros en caso de reiteración, contempladas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

La comunicación de Fomento no aclaraba a cuáles plataformas P2P se refería, si a Uber, Blablacar, Carpooling.com,o Social Car, o a todas. Sin embargo, este martes desde Fomento han matizado que tales plataformas así como los propietarios de vehículos no serán multados si se está compartiendo coche en el ámbito privado.

En concreto, el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín Del Moral, ha precisado que se harán inspecciones y comprobaciones para determinar si hay por detrás empresas que estén dando un servicio público de carácter profesional que se traduzca en “una actividad económica y una remuneración por la prestación de estos servicios” y que cuentan con todos los permisos para suministrar ese servicio de transporte.

Por el contrario, y de acuerdo a la nueva posición de Fomento, “si se determina que se trata de un servicio en el ámbito privado”, tales plataformas estarían “cumpliendo con la legislación vigente”.

La ley exige que las personas y las empresas que realicen transportes de viajero por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica tienen que estar autorizados para ello por la Administración. Fomento también señaló que actúa en coordinación con las Comunidades Autónomas en cuanto tiene conocimiento de la prestación de servicios que pudieran no adecuarse al marco regulatorio vigente.

Del Moral ha puntualizado que si se comprueba que se está realizando una actividad económica profesional sin la autorización para ello, “se actuará en consecuencia como con cualquier tipo de servicio”. Asimismo, la intermediación remunerada para la prestación del servicio “también está regulada, por lo que deberá cumplir del mismo modo con la normativa vigente”, ha agregado.

Diálogo sin chantajes

La comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, ha considerado, por su parte, que “Uber no es el enemigo de los taxistas”, destacando la necesidad del diálogo porque “las huelgas no solucionan nada”, según ha recogido Efe.

En una declaración, Kroes ha reiterado que es contraria a prohibir los servicios de transporte en vehículos compartidos por particulares como Uber, en plena polémica por la competencia desleal que las asociaciones de taxistas aseguran que representan para su gremio.

«Uber no es el enemigo de los taxistas. Esta innovación no va a desaparecer haciendo chantaje. Es el momento para que los taxis, reguladores y responsables de Uber se sienten a dialogar», afirmó.

Cuestionada en varios países

Uber conecta a pasajeros con conductores a través de su propia aplicación para traslados urbanos con chofer, a diferencia de otras plataformas en las que el propietario del vehículo realiza el viaje compartiendo los gastos con los pasajeros que transporta. Se trata de una aplicación para dispositivos Android e iOS, disponible actualmente en Barcelona, que permite solicitar vehículos de transporte en la ciudad desde el móvil: ofrece seleccionar el punto de recogida exacto a través de un servicio de mapas y una forma de pago basada en la introducción de la tarjeta de crédito; así se ha convertido en una alternativa al servicio de taxis tradicional.

Uber, fundada en San Francisco en 2009, ya está presente en 35 países y en más de 80 ciudades. No obstante, Uber ha sido objeto en Estados Unidos de numerosos mandatos judiciales de no operar, debido a la naturaleza del servicio que ofrecen los particulares que trabajan con el portal: vehículo con chofer, para el que se requieren de licencias especiales en casi todos los países del mundo.

Uber también ha encontrado un fuerte rechazo por parte de los taxistas en varios países europeos, entre ellos Francia y Bélgica. De hecho, un tribunal de Bruselas ha prohibido esta aplicación.

Aludiendo también a problemas de “ilegalidad”, la Confederación del Taxi de España, organización estatal a la que está adscrita el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), filial que hace la denuncia, ha protestado por la aparición del servicio de traslados urbanos con chofer en “vehículos particulares” mediante cobro y que se contacta y contrata a través de la aplicación Uber.

Los taxistas españoles denunciaban que “no cuentan con vehículos con autorización administrativa alguna para realizar transporte de pasajeros, por lo que su actividad es totalmente ilegal y fomenta el transporte ‘pirata’, sin garantía alguna para los usuarios”. Aseguran que están poniendo en riesgo 100.000 puestos de trabajo (ver: Los taxistas abren otro frente al P2P: piden la prohibición de Uber, Comunidades sobre ruedas: el p2p avanza en transportes a toda velocidad y Turismo p2p: ¿negocios sin control o nuevos intermediarios?.