La innovación del P2P no va a desaparecer con chantaje, afirma la Comisión Europea

Fomento afirmó el lunes en un comunicado que se aplicarían multas de hasta 600 € a los usuarios de coches compartidos sin licencia, así como la sanción para las personas o empresas que realicen el servicio y para las empresas o personas que promuevan, oferten o presten estos servicios sin tener dicha licencia administrativa -léase plataformas de enlace- de multas entre 4.001 y 6.000 euros, importes que aumentarían hasta los 18.000 euros en caso de reiteración, contempladas en la LOTT.

La comunicación de Fomento no aclaraba a cuáles plataformas P2P se refería, si a Uber, Blablacar, Carpooling.com,o Social Car, o a todas. Sin embargo, este martes desde Fomento han matizado que tales plataformas así como los propietarios de vehículos y los usuarios no serán multados "si se está compartiendo coche en el ámbito privado".

La innovación del P2P no va a desaparecer con chantaje, afirma la Comisión Europea

En concreto, el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín Del Moral, ha precisado que se harán inspecciones y comprobaciones para determinar si hay por detrás empresas que estén dando un servicio público de carácter profesional que se traduzca en “una actividad económica y una remuneración por la prestación de estos servicios” y que cuentan con todos los permisos para suministrar ese servicio de transporte.

Por el contrario, y de acuerdo a la nueva posición de Fomento, “si se determina que se trata de un servicio en el ámbito privado”, tales plataformas estarían “cumpliendo con la legislación vigente”.

La ley exige que las personas y las empresas que realicen transportes de viajero por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica tienen que estar autorizados para ello por la Administración. Fomento también señaló que actúa en coordinación con las Comunidades Autónomas en cuanto tiene conocimiento de la prestación de servicios que pudieran no adecuarse al marco regulatorio vigente.

Del Moral ha puntualizado que si se comprueba que se está realizando una actividad económica profesional sin la autorización para ello, “se actuará en consecuencia como con cualquier tipo de servicio”. Asimismo, la intermediación remunerada para la prestación del servicio “también está regulada, por lo que deberá cumplir del mismo modo con la normativa vigente”, ha agregado.

Diálogo sin chantajes

La comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, ha considerado, por su parte, que “Uber no es el enemigo de los taxistas”, destacando la necesidad del diálogo porque “las huelgas no solucionan nada”, según ha recogido Efe.

En una declaración, Kroes ha reiterado que es contraria a prohibir los servicios de transporte en vehículos compartidos por particulares como Uber, en plena polémica por la competencia desleal que las asociaciones de taxistas aseguran que representan para su gremio.

"Uber no es el enemigo de los taxistas. Esta innovación no va a desaparecer haciendo chantaje. Es el momento para que los taxis, reguladores y responsables de Uber se sienten a dialogar", afirmó.

Taxistas en pie de guerra

Los taxistas de Paris, Londres, Roma, Milán, Berlín, Hamburgo, Madrid y Barcelona, entre otras ciudades en toda Europa, han convocado a una jornada de 24 horas en protesta del servicio de Uber a través de su aplicación Pop, recordando los costes que representan para el sector los requisitos que les exigen los respectivos gobiernos para ejercer la actividad.

En España, en concreto, la Asociación Gremial de Auto Taxi y la Federación Profesional del Taxi han convocado a los taxistas de Madrid a un paro de 24 horas, desde las 6:00 horas de este miércoles, 11 de junio, hasta las 6:00 horas de este jueves, 12 de junio, contra la que consideran "ilegal" aplicación Uber, "la app que fomenta el traslado de pasajeros mediante el denominado consumo colaborativo".

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Este paro coincide con la manifestación convocada con anterioridad por las organizaciones nacionales de taxistas -la Unión Nacional del Taxi (Unalt), la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) y la Confederación del Taxi de España (CTE) y UGT-Uniatramc- para este miércoles 11 de junio, en Madrid, para pedir que se establezcan las medidas oportunas "para impedir que empresas como Uber se establezcan a nivel nacional y para que se persigan y prohíban este tipo de prácticas", a las que consideran un "continuo intrusismo".

Cuestionada en varios países

Uber conecta a pasajeros con conductores a través de su propia aplicación para traslados urbanos con chofer, a diferencia de otras plataformas en las que el propietario del vehículo realiza el viaje compartiendo los gastos con los pasajeros que transporta. Se trata de una aplicación para dispositivos Android e iOS, disponible actualmente en Barcelona, que permite solicitar vehículos de transporte en la ciudad desde el móvil: ofrece seleccionar el punto de recogida exacto a través de un servicio de mapas y una forma de pago basada en la introducción de la tarjeta de crédito; así se ha convertido en una alternativa al servicio de taxis tradicional.

Uber, fundada en San Francisco en 2009, ya está presente en 35 países y en más de 80 ciudades. No obstante, Uber ha sido objeto en Estados Unidos de numerosos mandatos judiciales de no operar, debido a la naturaleza del servicio que ofrecen los particulares que trabajan con el portal: vehículo con chofer, para el que se requieren de licencias especiales en casi todos los países del mundo.

Uber también ha encontrado un fuerte rechazo por parte de los taxistas en varios países europeos, entre ellos Francia y Bélgica. De hecho, un tribunal de Bruselas ha prohibido esta aplicación.

Aludiendo también a problemas de “ilegalidad”, la Confederación del Taxi de España, organización estatal a la que está adscrita el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), filial que hace la denuncia, ha protestado por la aparición del servicio de traslados urbanos con chofer en “vehículos particulares” mediante cobro y que se contacta y contrata a través de la aplicación Uber.

Los taxistas españoles denunciaban que “no cuentan con vehículos con autorización administrativa alguna para realizar transporte de pasajeros, por lo que su actividad es totalmente ilegal y fomenta el transporte ‘pirata’, sin garantía alguna para los usuarios”. Aseguran que están poniendo en riesgo 100.000 puestos de trabajo (ver: Los taxistas abren otro frente al P2P: piden la prohibición de Uber, Comunidades sobre ruedas: el p2p avanza en transportes a toda velocidad y Turismo p2p: ¿negocios sin control o nuevos intermediarios?.