Las agencias de Castilla y León tendrán 100.000 € para incidencias

El texto, aprobado en el Consejo de Gobierno a instancias de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pretende dar respuesta a la necesidad de ampliar la oferta y reforzar las garantías de los viajeros, así como para incrementar la profesionalización del sector, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Castilla y León quiere que las agencias de viajes ofrezcan más garantías a los clientes. Fuente: Hosteltur.

El decreto adapta la regulación de las agencias de viajes a la nueva ordenación, derivada de la trasposición al derecho nacional de la directiva de viajes combinados y viajes vinculados. Esta normativa de consumo atribuye a la administración turística la obligación de regular y controlar el sistema de garantías, puntos encaminados a mejorar la seguridad de los clientes a la hora de contratar un servicio.

Sector profesionalizado

Por lo tanto, a partir de este decreto, se simplificarán todos los aspectos relacionados con las agencias de viajes, como la diferenciación entre mayoristas y minoristas en términos de agencias.

En segundo lugar, el nuevo decreto incide de manera significativa en el sistema de garantías, que tiene relación directa con la profesionalización del sector, asegurando la eliminación de aquellas agencias o intermediarios turísticos que no disponen de ciertas garantías, ha explicado la Junta en la documentación de esta normativa.

Esta medida tiene como principal objetivo otorgar al mercado una solvencia y un sello de seguridad jurídica

Para alcanzar ese sello de solvencia y seguridad por parte de las agencias, el decreto contempla una cobertura mínima de 100.000 euros para hacer frente a los incidentes que puedan surgir de un viaje combinado (dos o más servicios en el mismo paquete), o servicios de viajes vinculados (paquete con dos o más servicios facturados de forma independientes).

Evitar fraudes

Según han detallado desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León, esa cuantía debe servir para garantizar los rembolsos de los pagos anticipados que hacen los clientes, en caso de situaciones fraudulentas, y también, si se diese el caso, de la repatriación si se produjese alguna incidencia en el extranjero.

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Además, también se cubre la posible insolvencia por parte del intermediario turístico, ha detallado la Junta, que también destaca los avances de esta normativa en la simplificación administrativa para las empresas.

Este decreto sustituye a la normativa reglamentaria vigente desde 2001 y se estructura en cuatro capítulos, en los que se integran treinta y seis artículos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales.