El Instituto de Consumo está más preocupado por el beneficio de las compañías que por los derechos de los usuarios, según Unión de consumidores

El portavoz de la Unión de Consumidores de España, Dacio Alonso, asegura que el Instituto Nacional de Consumo (INC) está más preocupado por los beneficios económicos de las compañías aéreas que de velar por los derechos de los usuarios. Alonso hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la que denunció que las compañías Iberia y Spanair realizaron este año campañas publicitarias engañosas, acordaron precios junto a Air Europa en los aeropuertos en los que coinciden y que mantienen en sus contratos con los usuarios una cláusula abusiva. Las campañas publicitarias de Iberia y Spanair, que Alonso definió como "fraudulentas por engañosas" y que se pusieron en marcha el 1 de enero de 2003, anunciaban una oferta para sus vuelos nacionales de ida y vuelta de 69 y 65 euros respectivamente pero omitían, aseguró Alonso, información sobre las condiciones necesarias para hacer uso de dicha oferta. La UCE presentó el mismo mes de enero denuncias ante el INC y ante las Comunidades Autónomas, y, mientras a fecha de hoy no han recibido respuesta del Instituto, el Principado de Asturias sí ha contestado calificando de "muy grave" la actuación de las compañías y estudiando la posibilidad de imponer multas a las compañías entre los 15.000 y 600.000 euros. Así mismo, la UCE estudió los precios de los vuelos nacionales en los aeropuertos en los que concurrían Iberia, Spanair y Air Europa y constató, según dijo Alonso, que había coincidencia de precios en algunos de estos vuelos, "la peor perversión que puede haber en un mercado", dijo, cuestión "muy grave" ya que limita la libertad de los consumidores de elegir". Aún así, "lo que nos parece más sangrante" afirmó Alonso, es la cláusula 10 de los contratos entre las compañías y los usuarios ya que, en vigor desde los años sesenta, la línea aérea "no asume la responsabilidad de garantizar los enlaces" y asegura que "los horarios están sujetos a modificación sin previo aviso". Alonso aseguró que también denunciaron esta cuestión en el INC, que decretó que era una cláusula abusiva, aunque todavía no ha tomado medidas para que sea suprimida del contrato, por lo que hace cuatro años presentaron acudieron ante el Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid, que a fecha de hoy tampoco se ha pronunciado sobre el asunto.