Consumo abre un expediente sancionador contra varias low cost

Consumo explica que a través de esta práctica de desgajar servicios tradicionalmente incluidos en el precio del billete y cobrar al pasajero un suplemento por ellos, estas compañías ofrecen en su publicidad precios muy competitivos. “Esto les permite tener un posicionamiento SEO privilegiado en los motores de búsqueda y en los comparadores respecto a competidores que sí incluyen estos servicios en el precio del billete que se anuncia en el comparador”, advierten

Además, remarcan que debido a estos sobrecostes, el precio inicialmente ofertado en la publicidad no se corresponde con el precio que finalmente acaba pagando el consumidor.

El ministerio, a través de la Dirección General de Consumo, también ha ampliado el caso a los sobrecostes aplicados a otros servicios que tradicionalmente se incluían en el precio del billete, como la reserva del asiento contiguo a otro pasajero en el caso de menores o personas dependientes y por no permitir pagos en metálico en los aeropuertos.

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Multas por el sobrecoste del equipaje de mano

Las sanciones previstas para estas infracciones, detalla el Ministerio de Consumo, pueden llegar al millón de euros, dependiendo de su gravedad. Las sanciones graves tienen multas de entre 10.001 y 100.000 euros, y las muy graves 100.001 y 1.000.000 de euros.

En el caso de que el beneficio ilícito obtenido por las prácticas infractoras superara dichas cantidades, las sanciones que se impongan podrían alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, para las infracciones graves, y entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de las muy graves

FACUA y las denuncias contra las low cost

El expediente fue abierto tras las denuncias por el cobro del equipaje de mano interpuestas por Facua, primero ante autoridades de consumo autonómicas y más tarde en el Ministerio.

La primera denuncia en el Ministerio, por el cobro de equipaje de mano fue contra Vueling y data de octubre de 202. Anteriormente, en 2018, ya había denunciado a Ryanair y Wizzair ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por este motivo, sin que ninguno de los dos organismos le comunicara ningún tipo de actuación al respecto.

La asociación también viene denunciando estas irregularidades desde hace cinco años ante diferentes autoridades autonómicas de consumo. Una de ellas es la Dirección General de Consumo del Govern balear. Recientemente, este organismo se ha inhibido en favor del Ministerio de Consumo para que abra expedientes sancionadores contra las aerolíneas, de forma que la cuantía de la multa sea ponderada por los beneficios ilícitos obtenidos a nivel nacional.

En marzo de 2021, Baleares decidió abrir expediente sancionador a Ryanair por estas prácticas como consecuencia de la denuncia interpuesta por FACUA tres años atrás. En abril de 2022, le abrió otro a Vueling tras otra denuncia de la asociación. Posteriormente, expedientó también a Easyjet y Volotea. Pero este año, ha decidido archivar todos estos expedientes sancionadores para que sea el ministerio el que multe, explica FACUA en un comunicado.

El Ministerio de Consumo tiene potestad sancionadora desde mayo de 2022, como consecuencia de una modificación de la ley general para la defensa de los consumidores introducida a raíz de reivindicaciones históricas de FACUA y que trasladó al ministro Garzón como una de las cuestiones prioritarias en las políticas de consumo al inicio de la legislatura.

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