Canarias se propone crear una ley para regular la vivienda turística

"Está en juego nuestra sostenibilidad, el derecho a la vivienda, la protección del entorno, la calidad de vida y el empleo", dijo la consejera de Turismo en el Parlamento de Canarias, comprometiéndose a lograr un marco legal "muy participado, multidisciplinar y multisectorial"

La regulación vigente data del año 2015, un decreto que fue anulado en algunos aspectos por los tribunales y en general la normativa que afecta a este sector tiene entre 8 y 27 años de antigüedad.

Para Jessica de León, las leyes que regulan la actividad “fueron útiles en su momento, pero en 2023 han quedado obsoletas y no responden a las demandas de una sociedad que pide cambios y defiende un modelo turístico que avance cada vez más hacia la sostenibilidad”.

La Ley de Usos Turísticos de la Vivienda busca mejorar la regulación del Decreto de alquiler vacacional. La intención es crear un marco normativo para los 88 ayuntamientos, ha dicho la consejera de Turismo.

Para poner en marcha el plan, este jueves comenzarán las consultas en un primer encuentro con patronales, sindicatos, cabildos y ayuntamientos, paso previo para involucrar a todos los sectores e incorporar a las consultas a todos los sectores implicados, universidades, grupos parlamentarios y consejerías.

Los datos del INE citados por la consejera revelan que Canarias es la segunda comunidad con más viviendas en alquiler vacacional, por detrás de Baleares, ya que cuenta con unas 43.000, lo que supone una oferta de 175.000 camas, el 33,5% de la oferta alojativa de las islas.

La postura del Parlamento

Todos los grupos del Parlamento de Canarias han estado de acuerdo en la necesidad de una regulación para el alquiler vacacional.

Lucía Fuentes, del PSOE, ha considerado que esa regulación debe estar alineada con la estrategia turística de Canarias, y José Manuel Bermúdez, de CC, ha planteado que la norma debe ser muy cuidadosa para no perjudicar a ninguna de las partes y dejar un marco claro de actuación a los ayuntamientos.

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Por su parte, Carlos Ester, del PP, defendió que se aborde la regulación "sin demonizar a nadie", sin dejar a nadie fuera para que todos tengan cabida en ella, que se incorpore a cabildos y ayuntamientos y que se busque "una fiscalidad adecuada". Mientras que Natalia Santana, de Nueva Canarias, planteó que es necesario resolver las distorsiones de esta actividad en el alquiler residencial, la desestructuración social o los problemas de convivencia.

Por su parte, Marta Gómez, de Vox, coincidió en que la proliferación del alquiler vacacional dificulta el acceso a la vivienda y por eso es necesario regularlo, aunque "hay que poner en primer lugar el derecho de los propietarios a hacer con sus propiedades lo que quieran".

Jesús Ramos Chinea, de ASG, pidió una regulación que sirva de "paraguas" normativo para que luego los cabildos y ayuntamientos puedan intervenir en la regulación en sus territorios, atendiendo sus particularidades. Y Raúl Acosta, de AHI, solicitó una "una normativa clara y eficaz" que permita conciliar los intereses del pequeño inversor con los del sector turístico tradicional y con el derecho a la vivienda.