Federatur reclama 4.000 millones de euros a la Generalitat

La Generalitat aprobó ayer un decreto ley que obligará a obtener licencia urbanística previa a viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes donde hay problemas de acceso a la vivienda o una alta concentración de vivienda turísticas y que requerirá a los ayuntamientos que quieran tener pisos turísticos a hacer un nuevo planeamiento urbanístico.

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La nueva norma obligaría a cerrar 28.000 pisos turísticos

Con los datos actuales, el gobierno catalán prevé que la normativa obligaría a cerrar unos 28.000 pisos turísticos en 47 municipios, que superan la ratio de 10 viviendas turísticas por cada 100 vecinos, pero desde el sector se apunta a que afectará a muchas más y que las indemnizaciones que pedirán podrían alcanzar los 4.000 millones de euros.

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, ha explicado que el sector va a ponerse en contacto con diferentes grupos políticos a los que instará a llevar al Tribunal Constitucional esta normativa y ha pedido a los partidos que paren este decreto ley en el Parlament.

Alcántara ha calificado esta medida de "turismofóbica" y ha asegurado que la "presión" de los hoteleros de Barcelona ha influido en la elaboración de este decreto, ya que en Barcelona no se hace nada "sin el apoyo de los hoteleros".

Legislación en "clave populista"

El presidente de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), David Riba, ha acusado a la Generalitat de "legislar en clave populista" y ha asegurado que estos alojamientos representan el 40% de la oferta turística de Cataluña y cree que el Govern ha redactado esta normativa sin hacer ningún tipo de estudio sobre la afectación que podría tener y basarse solo en "opiniones de alcaldes".

Ha afirmado que el sector aporta 3.000 millones al PIB turístico y que la medida afectará a unos 25.000 trabajadores de manera directa, así como a otros sectores económicos, como el comercio o la restauración.

También ha puesto de manifiesto que el 80% de la vivienda de uso turístico en Cataluña son segundas residencias y estas no pasarán a vivienda residencial porque los propietarios las utilizan habitualmente.

Barcelona cuenta con 9.500 pisos con licencia de vivienda de uso turístico. Fuente: Adobe Stock

Situación en Barcelona

Por su parte, Alcántara ha dicho que en Barcelona los pisos turísticos habilitados son 9.500, de las que están operativos 6.234, y solo representan el 0,77% del total.

Ha recordado que, en Ciutat Vella, hace 18 años que no hay nuevas viviendas turísticas, 9 años en el caso del resto de Barcelona, lo que no ha impedido que el precio de la vivienda haya registrado importantes incrementos.

Alcántara ha expresado su temor a dar a los alcaldes la potestad de "acabar con las viviendas turísticas", ya que en las elecciones municipales podría haber candidatos "populistas" que se comprometan a prohibir todos los pisos turísticos, con lo que Barcelona viviría una "crisis importante" y no podría acoger grandes acontecimientos como la Copa del América de Vela o el Mobile World Congress.

Reclamación de indemnizaciones

"Puede pasar que todo se convierta en oferta ilegal", ha dicho Riba, que ha advertido de que el sector podría pedir a la Generalitat indemnizaciones por valor de 4.000 millones de euros si los propietarios se ven obligados a cerrar sus viviendas turísticas y consideran que tener que renovar las licencias cada cinco años genera "inseguridad" y que frenará las inversiones.

Hasta ahora el procedimiento para habilitar una vivienda a uso turístico consiste en presentar una declaración responsable ante el ayuntamiento del municipio en el que se quiere ejercer la actividad.

El consistorio da el visto bueno y traslada el expediente a la dirección general de Turismo para su inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña.

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