Víctimas del accidente de tren en Santiago denunciarán al Gobierno español
No descartan llegar al Tribunal de Estrasburgo
Publicada 01/07/14La Plataforma Víctimas Alvia 04155 que agrupa a las víctimas del accidente de tren en Santiago, ocurrido en Angrois el pasado 24 de julio, en el que perdieron la vida 79 personas y resultaron heridas unas 100, varias de ellas de gravedad (ver: Al menos 79 muertos al descarrilar un tren en Santiago de Compostela), denunciarán al Gobierno español ante la Unión Europea (UE) por su responsabilidad política en el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria. Una acusación que no descartan llevar más adelante ante el Tribunal de Estrasburgo.
Así lo ha anunciado la diputada del PP en la Asamblea de Madrid y víctima del accidente, Teresa Gómez Limón, donde ha criticado la "falta de colaboración" con el juzgado de Santiago que instruye la causa por parte del Ministerio de Fomento, Adif y Renfe con el objetivo de "ocultar un incumplimiento sistemático de las normas de seguridad ferroviaria establecidas por la UE y de obligado cumplimiento para todos los países miembros".
Entre otras violaciones a la legislación sobre la materia, las víctimas señalan que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no es independiente, que no se evaluó el riesgo humano que suponía desactivar el sistema de seguridad ERTMS en el tramo del accidente, que no se cumplieron las obligaciones de seguridad para la alta velocidad ni tampoco la de homologación del material rodante, por nombrar las principales.
Procedimiento de infracción
Gómez Limón ha recordado que el Ejecutivo comunitario ya abrió un procedimiento de infracción a España por la falta de independencia de la Agencia Estatal de Seguridad del Transporte Terrestre, procedimiento que el Gobierno español trató de desactivar con un decreto ley aprobado el pasado 24 de enero creando la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Ha destacado, asimismo, que el PP y el PSOE también tratan “de ocultar una clara responsabilidad del exministro de Fomento José Blanco, ahora desgraciadamente eurodiputado socialista, quien modificó el proyecto en 2010 para ahorrar tiempo de viaje por intereses comerciales y para adelantar la inauguración de la línea por motivos políticos”.
Acuerdo PP-PSOE
Las víctimas del accidente también denuncian que, “ante el temor a que el gravísimo siniestro ponga en peligro los suculentos negocios de las grandes empresas satélites de Adif y Renfe en el extranjero" (ver: Un consorcio español logra el AVE La Meca-Medina por 6.736 M €, Renfe podría perder la Alta Velocidad de Brasil por el accidente de Santiago), el PP y el PSOE han llegado a un "acuerdo tácito" de negarse a colaborar con la Justicia y de vetar la comisión de investigación en el Congreso, pretendiendo “responsabilizar únicamente al maquinista del Alvia, quien se distrajo atendiendo una llamada al teléfono corporativo permitido por Renfe, hecho que no habría provocado el accidente si la tecnología de seguridad del tren hubiera funcionado” (ver: La velocidad y el despiste del maquinista, causas del accidente de tren en Santiago).
En estas circunstancias, las víctimas y familiares han decidido denunciar a España "por incumplimiento de la normativa europea en materia de seguridad ferroviaria ante la UE", comenzando por los grupos del Europarlamento, donde ya cuentan con el respaldo de la Izquierda Plural, UPyD y el Bloque Nacionalista Galego, que son las formaciones que también han solicitado una comisión de investigación en el Congreso.
Según Gómez Limón, primero optarán por la vía política y por apelar a otros organismos comunitarios -Agencia Ferroviaria Europea, Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril, Dirección General de Movilidad y Transporte-, aunque no descartan acudir al Tribunal de Estrasburgo en el futuro.
Todo igual
Las víctimas señalan que, casi un año después, nadie ha dimitido ni se han producido cambios a nivel técnico en la seguridad ferroviaria, a pesar de que la CIAF recomiende en su último informe mejoras en este ámbito que, sin duda, es un reconocimiento implícito de que no sólo fue responsabilidad del maquinista.
Adicionalmente, los responsables de Adif, imputados en la causa, se han negado a declarar ante el juez, no le han entregado toda la documentación solicitada y la abogada del Estado hasta "ha acusado al juez de hacer una inquisición general" (ver: Imputan a 11 ex directivos de Adif por el accidente de tren en Santiago, Los ex cargos de Adif imputados por el accidente de tren en Santiago se niegan a declarar y El ex presidente de Adif y el ex director de Seguridad se niegan a declarar).
La Plataforma recuerda que estas imputaciones se produjeron después de trascendiera que varios informes de peritos, ordenados por el juez, concluían que el accidente de tren de Santiago no se habría producido de seguir el proyecto original, respaldando en parte el criterio dle juez instructor que hace dos meses en un auto prácticamente acusaba a Adif de cambiar el sistema de gestión de la red por motivos comerciales, poniendo en riesgo la seguridad de la red.
Asimismo acusan al equipo de Ana Pastor de mentir sobre que el tramo Orense-Santiago al decir que no es de Alta Velocidad cuando "así figura en el BOE, en las notas de prensa del Ministerio, en la web de Adif y en la revista Líneas".
Por todo ello, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 reclama la creación de una comisión de investigación en el Congreso, dotar de más recursos materiales y humanos al nuevo juez instructor encargado de la causa, y garantizar que la CIAF actúa de forma independiente. "Sentimos un desamparo total como víctimas y como españoles”.
Finalmente, han exigido que ningún miembro del Gobierno o representante del PP o del PSOE acuda el próximo 24 de julio a “hacerse la foto” al acto que se celebrará en Angrois en Memoria de las Víctimas y en agradecimiento a los vecinos y profesionales que prestaron su ayuda el día del accidente, en las labores de salvamento y rescate.
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