Una sentencia a favor de Globalia puede costar 9.000 M € al Gobierno
El bufete que defenció a Hidalgo prevé una "onda expansiva"
Publicada 05/02/24 20:51h
El Tribunal Constitucional ha dado la razón a Globalia en cuanto a la aplicación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptaban medidas tributarias excepcionales por parte del ministerio de Hacienda que entonces lideraba Cristóbal Montoro, y que tuvo el respaldo del PSOE. La sentencia puede suponer para el Gobierno actual la devolución de miles de millones de euros, hasta 9.000, según recoge el diario El Mundo en palabras del portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre.
El decreto suponía incrementar fuertemente la presión sobre las empresas en cuanto al Impuesto de Sociedades. Ahora la sentencia del Constitucional, con fecha del pasado 18 de enero, a favor de Globalia declara la inconstitucionalidad del decreto y, por tanto, abre la vía a que otras empresas puedan lograr el mismo resultado.
Si bien en un primer momento, entre el Gobierno actual se pudo pensar que la sentencia no tendría mucho alcance al estar el mismo limitado a aquellas compañías que hubiesen reclamado, lo cierto es que la mayoría de las afectadas eran empresas de gran tamaño que pusieron el caso en manos de prestigiosos bufetes. Es por ello que el Ejecutivo se podría enfrentar a una enorme devolución que amenazaría fuertemente a sus objetivos de déficit, el mismo motivo que en su momento llevó a Montoro a poner en marcha el decreto en 2016, cuadrar las cuentas.
Según recoge el diario, la norma incluía mayores limitaciones en la compensación de bases imponibles negativas y en la aplicación de las deducciones, además de reversiones automáticas de ajustes ya realizados sobre deterioros. "Es un cambio normativo retroactivo", argumentó el abogado Jordi de Juan, socio del bufete Crowe y representante legal de Globalia ante el TC. De este modo, el grupo que preside Juan José Hidalgo ha abierto una vía que beneficia a muchas otras empresas.
Y es que Globalia ha llevado su batalla legal hasta el final, aunque no ha querido presumir de su victoria, ni hecho pública la cuantía que supone para ella. De Juan se ha limitado a señalar que "es una sentencia muy importante, porque va a tener una onda expansiva más allá de este caso, porque deja claro que rechaza el uso abusivo del decreto-ley en asuntos fiscales".
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