Federatur lleva las viviendas de uso turístico al Tribunal Constitucional
La patronal de apartamentos quiere parar el Decreto ley de los alojamientos de uso turístico aprobado en Cataluña
Publicada 08/02/24 11:48h
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha llevado al Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley de los alojamientos de uso turístico aprobado el pasado 20 de diciembre en el Parlamento de Cataluña. "Lo ha hecho a través de un recurso presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Popular", según ha informado dicha asociación.
Abuso de la figura del Decreto Ley
El recurso de inconstitucionalidad se presenta contra los artículos 1, 2 y 3; Disposición Transitoria Primera 1 a), Disposición Transitoria Segunda y Disposición Final Primera y Anexo del Decreto Ley de Cataluña 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de los alojamientos de uso turístico.
El recurso ha sido presentado este martes 6 de febrero en Madrid por el grupo parlamentario del PP.
"Entre los muchos argumentos que se exponen en el recurso, destaca el abuso que se hace desde el Govern de dictar normas que adopten la forma de Decretos Leyes. La nueva normativa incide en los derechos de propiedad y libertad de empresa reconocidos constitucionalmente, cosa que no está permitida regular con un Decreto ley. Además, el turismo y su crecimiento no son un fenómeno nuevo, por lo tanto, resulta difícil asumir que necesite una respuesta normativa 'inmediata y urgente", añade Federatur.
El recurso también enfatiza que la nueva regulación comenzará a tener efectos sobre el parque de viviendas en un plazo mínimo de 5 años. "No puede haber una necesidad urgente y extraordinaria si se requiere un desarrollo posterior del planeamiento urbanístico de cada municipio y se da un plazo de 5 años para hacerlo", afirma la federación de apartamentos a través de un comunicado.
El recurso también destaca "la vulneración del principio constitucional de seguridad jurídica y cómo la limitación de la concesión de licencias para el ejercicio de la actividad afecta el derecho a la propiedad".
Agravios entre municipios
La patronal también pone el foco en los "agravios comparativos" entre municipios que establece la nueva regulación.
"El Decreto ley presupone problemas de acceso a la vivienda en 262 municipios en los que a partir de ahora la actividad de alquiler de viviendas de uso turístico queda sujeta a un régimen jurídico más restrictivo que en el resto", indica Federatur.
Pero según remarca el presidente de Federatur, David Riba, "la definición de los requisitos para estar en esta lista son imprecisos y están exentos de criterios técnicos".
"Si el municipio donde tengo mi actividad económica está incluido en esta lista, se me aplica el régimen jurídico restrictivo y limitativo; si el municipio no está incluido, no se aplica este régimen. Parece una lotería", dice Riba.
"Expropiación forzosa encubierta sin obligación de indemnizar"
El recurso alerta además que el Decreto Ley "es una regulación materialmente expropiatoria del derecho al ejercicio de la actividad de arrendamiento de viviendas de uso turístico".
"Según la ley, estas licencias deberían ser indemnizadas con compensaciones de carácter económico, pero el actual redactado no fija indemnizaciones, solo se diseña un régimen transitorio que permite a los titulares de las licencias expropiadas continuar con su actividad durante un plazo de cinco años", dice Federatur.
"Además, no se apuntan criterios objetivos de valoración del derecho expropiado ni de la valoración de la contraprestación, y se sitúa sobre el propio expropiado la carga de fijar su propia indemnización, situación absolutamente inaudita y contraria a cualquier garantía expropiatoria", añade la entidad.
Según concluye el presidente de Federatur, "la vía del Constitucional era el camino que nos quedaba para seguir defendiendo nuestros intereses como sector".
A pesar de esto, David Riba asegura que continúan poniéndose a disposición del gobierno catalán y de todas las administraciones "para dialogar y aportar la visión de un sector económico que representa el 39,4% del total de plazas de alojamiento turístico del territorio, genera más de 25.000 puestos de trabajo y tiene un impacto económico de 21.000 millones de euros".
Cabe recordar que esta semana la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha considerado “restrictivas” algunas medidas recogidas en el decreto para las viviendas turísticas de la Generalitat de Cataluña.
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