Riu tilda de "arbitraria" la decisión sobre el Hotel Oliva Beach

En un comunicado difundido este martes, la cadena asegura que hay pruebas que evidencian que "la estrategia del Ministerio de Transición Ecológica es premeditada ya que ha buscado desde el principio producir la caducidad de una concesión en vigor para el uso de las instalaciones hoteleras que quedaron en dominio público y, con ello, el cierre de una instalación que siempre ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad y con pleno respeto a la normativa respecto a la legislación que regula la gestión del litoral, así como en cualquier otra consideración urbanística y medioambiental”.

RIU asegura que la resolución “se basa en argumentos falsos, desproporcionados e incompletos y tergiversan la realidad física del inmueble, objeto de la concesión”, remarcando que en ningún caso es cierto que se haya ocupado mayor espacio de dominio público que el referido en el ámbito de la concesión

De la misma forma, asegura que “es falso que existan usos no autorizados dentro del ámbito de la concesión, ya que todos los citados en el expediente, como es el caso del bazar, son usos complementarios consolidados y absolutamente habituales en la instalación hotelera”. Además, ratifica que no es cierto que se hayan ejecutado obras sin autorización en el ámbito de la concesión.

La compañía hotelera cree que la actitud del Ministerio de Transición Ecológica “es escandalosa y que se trata del colofón de una estrategia premeditada”, que arrancó en el año 2018 con el claro objetivo de forzar la caducidad de la concesión.

Hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, en la isla de Fuerteventura. Fuente: Riu Hotels & Resorts.

Por otra parte, Riu Hotels & Resorts denuncia que el Ministerio de Transición Ecológica ha obstaculizado cualquier actuación por parte de la cadena para mejorar las instalaciones del hotel, “dilatando durante años la resolución sobre la autorización de las obras solicitadas e impugnando posteriormente la autorización otorgada por el Gobierno de Canarias, una vez transferidas las competencias de Costas”. Incluso, subraya la empresa, han tratado de anular la concesión con una revisión de oficio que acabó archivada por falta de apoyo de la Abogacía del Estado.

Daños económicos y sociales potenciales para Fuerteventura

La cadena también cuestiona el hecho de que el departamento del Gobierno central no ha evaluado las consecuencias de su actitud y decisión para el interés general de la isla de Fuerteventura, “ya que el posible cierre del hotel Riu Oliva Beach tendría graves implicaciones económicas y sociales”.

El hotel ha llegado a crear 600 puestos de trabajo, directa o indirectamente, explica la cadena, remarcando que son empleos que “ahora están en riesgo por las infundadas pretensiones del Ministerio de Transición Ecológica”. A esto, hay que añadir “el daño indudable” que el cierre del hotel produciría sobre el tejido productivo del norte de Fuerteventura.

Como dato de referencia, la cadena detalla que solo los clientes del Riu Oliva Beach y de su vecino Riu Palace Tres Islas mantienen el movimiento de 1,5 aviones diarios con destino a la isla de Fuerteventura, con un impacto económico de 13,6 millones de euros anuales de facturación para la isla de Fuerteventura, según indican los datos oficiales recogidos por el Ayuntamiento de La Oliva

Sin embargo, el impacto económico real para la isla de Fuerteventura supera los 27 millones de euros si se añade el gasto en el destino realizado por los clientes del hotel a lo largo del año.

Riu Hotels & Resorts ha denunciado que “se siente víctima de esta actitud del Ministerio de Transición Ecológica”, e insiste en la defensa de sus derechos, no solo por su interés empresarial sino también, y sobre todo, por el compromiso sostenido con sus trabajadores, con sus proveedores y con la isla de Fuerteventura en su conjunto.

Finalmente, y respecto a la querella presentada contra los tres altos cargos ministeriales relacionados con la tramitación de los expedientes de revisión, sanción y caducidad de la concesión del hotel, la cadena considera que “fue una acción necesaria para la defensa de sus legítimos derechos, y recuerda que su admisión a trámite fue defendida hasta el final por los distintos fiscales que participaron en la causa”.

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