Las empresas podrán operar con una única licencia en todo el país

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, han explicado hoy que el objetivo de esta nueva normativa es reducir la "maraña administrativa" de España. Aseguran que de este modo se podría elevar el PIB un 0,15% al año (1.500 millones).

La nueva normativa fija una única licencia para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales. Una vez se apruebe, las empresas tendrán que pedir una sola licencia, en una comunidad autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. Se evita así el coste de someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en España.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.

La nueva ley impulsa también la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que será presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en la colaboración y la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.

Cualquier persona podrá acudir a dicho consejo para poner de manifiesto la quiebra de la unidad de mercado si así sucede.

Libre circulación

Desde el Ministerio de Economía han hecho hincapié en que a ley pretende garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre las comunidades autónomas. Por esta razón, no se abordan aspectos como los horarios comerciales o los requerimientos para abrir un negocio. Se considera que estas cuestiones son propias de la competencia estricta de cada región.

De Guindos ha concretado que se han detectado cerca de 6.000 normas contrarias o que incluyen cuestiones que vulneran la unidad de mercado en 28 sectores, entre las distintas administraciones públicas.

Sobre el etiquetado en diferentes lenguas al castellano, el titular de Economía ha aclarado que este tema no supone un "obstáculo básico" para impulsar la nueva ley. Desde su departamento han insistido en que cualquier agente que se sienta discriminado podrá ir a los tribunales para defenderse de una actuación que considera que no se ajusta al derecho