Apartur reclamará el veto de Barcelona en la UE agarrándose a Bolkestein

Pasadas las primeras semanas después del anuncio del ayuntamiento de Barcelona de querer cerrar todos los pisos turísticos de la ciudad en 2028, amparados en el Decreto ley del sector aprobado en noviembre por la Generalitat, Apartur se reafirma en la sensación de ser un chivo expiatorio en el problema de la falta de vivienda en la ciudad.

Para Enrique Alcántara, presidente de Apartur, "los datos hablan por sí solos". Las viviendas de uso turístico en Barcelona representan un 0.77% sobre el total del parque de viviendas de la ciudad. Por el contrario, existen más de 79.000 viviendas destinadas a otras actividades diferentes a la de vivir, como es el caso de las 26.691 viviendas destinadas a otras actividades profesionales, como despachos de abogados, peluquerías, etc. “que aún hoy día se pueden abrir sin problemas” y 8.865 viviendas vacías, remarcan desde la patronal.

El sector cifra en 347 millones de euros anuales el impacto económico directo de las viviendas de uso turístico en Barcelona. Una cifra que la ciudad dejaría de ingresar en 2028 si el Ayuntamiento hace efectivo su anuncio de cierre total. El impacto económico indirecto asciende a 1.200 millones de euros.

En este sentido, para Apartur, la medida no hace más que evidenciar el fracaso de las políticas de vivienda de los últimos años. "Necesitaban un culpable y nos han elegido a nosotros porque los datos no mienten y demuestran que el problema de la vivienda en Barcelona en ningún caso es culpa de los pisos turísticos".

APARTUR reclamará en la UE el veto a los pisos turísticos del ayuntamiento. Fuente: Limehome

Otro de los argumentos que esgrimen, los que se postulan contra el cierre del sector, es la relación entre los pisos turísticos y el aumento de los precios del alquiler de los últimos 10 años en la ciudad. Los responsables de Apartur recuerdan que en Ciutat Vella no se dan licencias desde 2010, y en el resto de la ciudad las licencias están congeladas desde 2014. Un período en el que los alquileres han continuado subiendo a Barcelona.

Desde la patronal se propone destinar el 100% del recargo de la tasa turística, unos 100 millones de euros, a un programa de vivienda social que alcanzaría a unas 16.000 familias.

A Europa con Bolkestein

Marian Muro, recientemente nombrada directora general de Apartur, ve la medida "populista e inaplicable por su manifiesta inconstitucionalidad. Y señala que "la Administración quiere llevar a cabo una expropiación forzosa, pero sin indemnización y esto no es legal". La patronal insiste en que todas las fuentes legales consultadas coinciden en señalar el decreto ley aprobado por la Generalitat de “dudosa legalidad”.

Contra el Decreto Ley de Cataluña 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, existe ya un recurso que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite. Además, la Comisión Europea pidió al gobierno español explicaciones sobre la normativa catalana para atentar contra la seguridad jurídica y la directiva de servicios de la UE.

La patronal no se quedará ahí y tiene previsto interponer próximamente una reclamación en Europa por la vulneración de la Directiva Bolkestein. Una normativa un tanto desconocida, aprobada en 2006 y cuyo principal objetivo es favorecer la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Si la medida sigue adelante, desde Apartur señalan que el ayuntamiento de Barcelona deberá afrontar también las reclamaciones de indemnización que podrían exigir los propietarios y gestores de las actuales licencias y que se cifrarían en miles de millones de euros.

El mal ejemplo de Nueva York

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona ve en la medida anunciada el pasado 21 de junio un llamamiento a la proliferación de pisos turísticos ilegales, unos negocios que “no pagan impuestos, son incontrolables y confrontan a vecinos y turistas en lugar de fomentar la convivencia”.

Desde Apartur ponen el ejemplo de Nueva York y cómo la ley aprobada en septiembre de 2023, que ponía fin al sector de las viviendas de uso turístico de la ciudad, no está dando los resultados esperados. El análisis de la patronal es contundente: los pisos ilegales han pasado a ocupar el sitio de los HUTS legales que pagaban impuestos, los precios del alojamiento en la ciudad se han disparado y el parque de vivienda de alquiler tradicional no ha crecido ni los precios han descendido, porque los propietarios de antiguas licencias de pisos turísticos han puesto sus pisos en alquileres de temporada.

Buenas perspectivas para este verano

Ocupación

En cuanto a las previsiones para este verano,Apartur prevé una ocupación media superior al 85%, aunque este mes de julio, los pisos turísticos de la ciudad registrarán una ocupación inferior a la de julio de 2023. En agosto las cifras serán muy similares a las que se registraron el pasado año, según han indicado.

Precios

En cuanto a los precios, Apartur destaca que este año se encuentran "un poco por encima de 2019", el último año prepandemia. En comparación con otros años, la patronal ha detectado que las reservas se están realizando con más antelación que otras temporadas.

El perfil del cliente que ha escogido una vivienda de uso turístico en Barcelona para pasar sus vacaciones este verano sigue siendo predominantemente familiar, 3 de cada 4 reservas están hechas por familias. La reserva media es de 5 días. Por nacionalidades, los clientes más numerosos que se alojarán este verano en este modelo de alojamiento turístico son franceses, estadounidenses e ingleses.

Noticias relacionadas:

- Campaña de sabotaje contra apartamentos turísticos en Barcelona

- Barcelona desarticula 22 grupos de alojamiento turístico ilegal: quedan 16

- Apartamentos turísticos de Cataluña en pie de guerra contra la Generalitat

- Federatur lleva las viviendas de uso turístico al Tribunal Constitucional

- El decreto catalán contra la vivienda turística, rechazado por Competencia

- Cataluña ¿Primera comunidad que expropiará licencias turísticas?