Los hoteleros advierten: es imposible aplicar el registro de reservas

Los hoteleros denuncian que, a fecha de hoy, no se ha llevado a cabo el desarrollo legislativo -a través de una orden ministerial- previsto en el Real Decreto para detallar cuáles deberían ser los datos que se aporten por cada uno de los subsectores (alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas de intermediación, campings, pisos turísticos…). En consecuencia, la ausencia de este documento, “produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla”, agrega el comunicado.

CEHAT sostiene que el sector hotelero se ha encontrado “la sorpresa” de tener que facilitar determinados datos, como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil o domicilio real, que no aparecen en los documentos que portan los viajeros (DNI y pasaporte), lo que “hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir”.

Los hoteleros advierten de la imposibilidad de cumplir la nueva obligación y de la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo, si no se produce una modificación de la misma

Los hoteleros exigen el desarrollo normativo previsto en el nuevo decreto para saber exactamente qué datos deben de comunicar al Ministerio del Interior. Fuente: Shutterstock

La patronal hotelera recuerda que ha exigido a los ministerios de Turismo e Interior, a la Dirección General de la Policía y a la Guardia Civil que revisen y ajusten la normativa para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos.

Inseguridad jurídica, desventaja competitiva..

Las principales preocupaciones de CEHAT, que representa a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas repartidas por toda Espala, al respecto son:

-Incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea: la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) han señalado que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en dicho Real Decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad.

Además, implica una injerencia en los derechos de privacidad de turistas y usuarios sin ofrecer salvaguardias claras, limitando la recolección masiva de datos a casos específicos y justificados.

-Inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento: la normativa carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que provoca inseguridad jurídica. Asimismo, ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas

-Desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo: las obligaciones impuestas por el Real Decreto colocan a las empresas españolas, o a las que operan en España, en una clara desventaja frente a competidores en otros países de la UE que no tienen normativas similares.

-Falta de adecuación tecnológica: la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación no está plenamente operativa actualmente. La imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados.

La normativa no tiene en cuenta de manera adecuada ni la realidad operativa del sector turístico ni la normativa vigente en los mercados emisores internacionales

Por otro lado, la distribución de competencias en materia de seguridad en España supone el uso de diferentes herramientas en distintas regiones, lo que supondrá una dificultad adicional para las empresas turísticas con centros de trabajo en varios territorios.

-Carga administrativa desproporcionada: las nuevas obligaciones suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

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