El sector turístico europeo se une contra el registro digital de viajeros

Aunque reconocen la importancia de luchar contra la delincuencia y el terrorismo, en la carta dirigida al secretario de Estado de Seguridad Ministerio del Interior, Rafael Pérez Ruiz; a la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau; y a la Directora General de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España Martí, la coalición expresan su “preocupación”.

Según las asociaciones, la implementación del registro digital de viajeros impondrá una carga administrativa y unos costes adicionales significativos e innecesarios a las empresas, “aumentando de facto el precio de las vacaciones en un mercado altamente competitivo”

Además, plantean que como consecuencia de una recopilación de datos “tan extensa”, los viajeros “se mostrarán reacios a elegir destinos españoles en el futuro (…) y preferirán alternativas menos onerosas”.

Tras advertir sobre “la carga administrativa desproporcionada” que supone para las empresas de viajes esta implementación, agregan que habrá una “duplicidad innecesaria de la recogida y el tratamiento de datos” y que también se producirá una “distorsión de la competencia entre las reservas directas e indirectas”.

La carta incluye un análisis jurídico detallado de las preocupaciones con respecto al Real Decreto, y pone el foco, entre otras cosas, en la contradicción con la normativa sobre pagos.

Los hoteleros ya han advertido que será imposible enviar los datos de las reservas de sus clientes al Ministerio del Interior. Fuente: Shutterstock.

Dificultad práctica para la implementación del registro digital de viajeros

Las asociaciones turísticas europeas sostienen que la mayoría de los datos solicitados por el Decreto no son recogidos por los operadores turísticos en sus sistemas de reservas. Por consiguiente, no disponen de sistemas para recoger y transmitir los datos y no podrán desarrollar tales sistemas antes del 1 de octubre de 2024.

Además, al momento de redactar la carta, la plataforma para recopilar los datos solo está disponible en español, aunque el decreto se aplicará principalmente a usuarios no españoles (empresas de viajes extranjeras) y los datos de los viajeros tendrán que ser procesados manualmente. “Las empresas, especialmente las microempresas, no podrán cumplir con las obligaciones propuestas”, afirman.

En ese sentido, explican que para los hoteles, sería una carga procesar los datos de grandes grupos de personas, dado el detalle de la información que se necesita. Por otra parte, muchos consumidores no desean facilitar determinados datos personales para evitar comunicaciones de marketing posteriores, y también está el hecho de que las cancelaciones de reservas son frecuentes y las empresas perderían tiempo recogiendo los datos sin razón.

Soluciones y alterativas

Frente a estas situaciones, que comenzarán a ser tangibles a partir del 1 de octubre, la coalición ha solicitado a las autoridades españolas que revoquen el decreto, modifiquen el procedimiento para la comunicación de datos personales y transaccionales, o que se aplace hasta que se resuelvan los problemas planteados.

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