Los campings temen que el registro de viajeros colapse las pymes

Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Empresarios de Camping. Fuente: FEEC

El caos, a la vuelta de la esquina

La patronal de los campings advierte que la implementación del citado decreto está a punto de desatar "el caos" debido a la "imposibilidad de cumplimiento de la normativa".

La Federación Española de Campings recuerda que el Real Decreto contemplaba una posterior norma que especificaría los datos que deberían aportar cada uno de los subsectores del turismo: alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas de intermediación, campings, pisos turísticos…. "Sin embargo, a fecha de hoy, este desarrollo legislativo no existe, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla".

¿Qué nuevos datos de los viajeros deberán facilitar los campings al Ministerio del Interior?

Así, los campings se han encontrado "con la sorpresa de que tenían que facilitar datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros (DNI y pasaporte) tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil domicilio real…".

"Esto hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir", denuncia la patronal de los campings españoles.

¿Por qué el nuevo registro de viajeros es de "imposible cumplimiento?

Llegados a este punto, la FEEC ha sumado esfuerzos con otras asociaciones del sector turístico. En este sentido, la FEEC y la patronal hotelera CEHAT, que representan a más de 16.000 establecimientos con un total de 1.800.000 plazas repartidas por toda España, ha manifestado los siguientes aspectos críticos del decreto:

1. "Incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea.- La Comisión Europea y el TJUE, en la Sentencia C-817/19, han señalado que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el Real Decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad. La recolección y almacenamiento de datos, tal como está planteada, no respeta los principios de proporcionalidad y minimización, lo que podría generar sanciones, acciones judiciales y mayor inseguridad jurídica para los sujetos obligados. Además, el Real Decreto implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios sin ofrecer salvaguardias claras, limitando la recolección masiva de datos a casos específicos y justificados".
   
   
2. "Inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento.- El Real Decreto carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que provoca inseguridad jurídica. Asimismo, la normativa, el Real Decreto, ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios, lo que las expone a importantes sanciones debido a la imposibilidad de cumplir con estas obligaciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales".
   
   
3. "Desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo.- Las obligaciones impuestas por el Real Decreto colocan a las empresas españolas, o a aquellas que operan en España, en una clara desventaja frente a competidores en otros países de la UE que no tienen normativas similares. Empresas y organizaciones europeas, como agencias de viajes, plataformas de comercialización, organizadores de congresos, hoteles, apartamentos turísticos y turoperadores, entre otros, han expresado ya sus dudas sobre el cumplimiento de esta normativa en los órganos europeos justificando su solicitud, en varios aspectos, entre los que se encuentran las dificultades que implica para el envío de viajeros a España".
   
   
4. "Falta de adecuación tecnológica.- Actualmente, la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación no está plenamente operativa, lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados. La falta de preparación tecnológica ya ha sido señalada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Europea, reforzando nuestra afirmación de que la normativa no tiene en cuenta de manera adecuada ni la realidad operativa del sector turístico ni la normativa vigente en los mercados emisores internacionales. Al mismo tiempo, la distribución de competencias en materia de seguridad en España genera la implementación de diferentes herramientas en distintas regiones del país, lo que supondrá una dificultad adicional para las empresas turísticas con centros de trabajo operativos en varios territorios a nivel nacional".
   
   
5. "Carga administrativa desproporcionada.- Conjuntamente de las dificultades señaladas, nos parece relevante destacar que, las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del
   sector turístico (95% de las empresas). Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no
   pueden asumir, enfrentándose además de a los riesgos expuestos, operacionales y reputacionales, a graves sanciones económicas por su incumplimiento".

Imagen del camping Oyambre, en Cantabria. Fuente: FEEC

Falta de respuesta del Ministerio del Interior

La federación de campings denuncia "la falta de respuesta a los problemas planteados" por parte del Gobierno y, en consecuencia, junto con la Cehat se han dirigido a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil. Reclaman "la revisión y ajuste del Real Decreto para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas".

"En caso de que no se produzca la modificación, los campings advierten de la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo", advierte la patronal del sector.

La FECC también señala que "esta medida también ha creado oposición, alarma y desconcierto en Europa. Las asociaciones turísticas de la Unión Europea se han unido para trasladar por escrito al Ejecutivo español las consecuencias del Real Decreto 933/2021 y para remarcar la imposibilidad de su cumplimiento".

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