CEOE pide que se suspenda la entrada en vigor del registro de reservas
Publicada 20/09/24 13:35h
El Consejo de Turismo de la CEOE reconoce que la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 a partir del 1 de octubre, que obligará a las empresas del sector a comunicar al Ministerio del Interior los datos de sus reservas, le genera una “profunda preocupación” y pide la suspensión del mismo. Así se recoge en una nota publicada por la patronal, según informa CEAV y, por otro lado, las asociaciones ACAVE, FETAVE y UNAV en un comunicado conjunto.
La patronal empresarial “advierte de que la implementación de la norma podría tener consecuencias negativas significativas para el sector turístico en España al tratarse de una norma de imposible cumplimiento”.
En opinión de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) -que como miembro del Consejo de Turismo de la CEOE ha participado en el texto-, "esta nota constituye un gran apoyo para volver a solicitar la aprobación de una nueva moratoria para la aplicación de dicha normativa".
Además, cree que es importante para una posible revisión del texto, "para adecuar su contenido a la normativa de protección de datos de la UE, garantizar la competitividad del sector turístico español frente a los operadores turísticos de otros países y evitar una carga desproporcionada a las empresas del sector turístico".
La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE), la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) y la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) explican que CEOE se muestra preocupada por la posible incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea. Cree que podría vulnerar las reglamentaciones comunitarias sobre protección de datos y privacidad al no respetar los principios de proporcionalidad y minimización.
CEOE cree que la nueva normativa tendrá consecuencias negativas significativas para el sector turístico. Archivo Hosteltur
Para la CEOE, la nueva normativa, que establece las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje, supone una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios, además de carecer de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, “lo que provoca inseguridad jurídica”, sostiene el informe de la CEOE”.
Destaca también las complejidades operativas para las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios.
Sobrecarga administrativa
El Consejo de Turismo de la CEOE incide igualmente en la falta de adecuación tecnológica para cumplir con las nuevas obligaciones porque la plataforma no está plenamente operativa. Sin olvidar que suponen una sobrecarga administrativa excesiva, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Por tanto, insta a las autoridades competentes a revisar el decreto “para alinearlo con las normativas europeas sobre protección de datos y derechos fundamentales”, así como su adecuación a la realidad operativa del sector turístico, “evitando desventajas competitivas para las empresas españolas”, según el comunicado de las citadas asociaciones.
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