Marlaska defiende el registro de viajeros: garantiza la seguridad
Publicada 01/10/24 14:37h
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes que el registro de viajeros que ha puesto en marcha su departamento garantiza el derecho a la intimidad, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Esta nueva normativa, que obligará a las empresas del sector a comunicar a dicho ministerio los datos de reservas de sus clientes, tenía que haber entrado en vigor hoy, 1 de octubre, tras ser aplazada durante más de un año, pero, ante las protestas del sector, ha sufrido una nueva moratoria, hasta el próximo 2 de diciembre (más datos en Nuevo plazo para la entrada en vigor del registro de viajeros).
El nuevo registro se pondrá en marcha en cumplimiento de un real decreto de 2021 por la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos cometidos por organizaciones criminales. Así lo ha recordado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por el mismo.
Marlaska ha asegurado que este real decreto estudió y tuvo en consideración todos los intereses en litigio, tanto el derecho a la intimidad, como el derecho a la privacidad, pero también la necesidad de proteger la seguridad del conjunto de los ciudadanos.
De esta forma, la norma pasó todos los informes pertinentes, "donde no se hizo ninguna observación" y, durante el periodo de transición hasta su puesta realmente en funcionamiento, "no ha sido objeto de impugnación", ha explicado.
"Lo que sí hemos hecho es una labor de coordinación con los ministerios competentes y también con las empresas y todos los obligados al cumplimiento para que su actuación y cumplimentación sea efectiva y garantice la privacidad y la seguridad", ha subrayado.
Unanimidad en el sector contra la nueva normativa
Todas las asociaciones del sector, tanto de agencias de viajes como de hoteles y alojamientos, han pedido al Ministerio del Interior, durante los últimos meses, que retire dicha normativa porque consideran que atenta contra la privacidad de los ciudadanos y supone una fuerte carga de trabajo adicional para las empresas turísticas, al tiempo que aseguran que es de imposible cumplimiento por lo que podría tener consecuencias negativas significativas para el sector. Incluso el Consejo de Turismo de la CEOE y la Mesa del Turismo se ha sumado a dicha petición en la última semana. Las sanciones por no cumplimentar este registro pueden llegar hasta 30.000 euros.
En la misma línea se han pronunciado algunas de las grandes asociaciones europeas, que han exigido que no entre en vigor la nueva normativa por su potencial conflicto con la Ley de Protección de Datos.
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