GEBTA asegura que el control de Interior "contraviene el derecho comunitario"

Registro de reservas: una "bomba de relojería" para los viajes de negocios

Implica recoger datos "confidenciales y sensibles", también de turistas internacionales

Publicada 08/10/24
Registro de reservas: una "bomba de relojería" para los viajes de negocios

El nuevo registro de datos de reservas impuesto por el Ministerio del Interior a través del Real Decreto 933/2021 está siendo rechazado por todo el sector turístico en bloque. En la distribución de viajes, a las reiteradas reclamaciones de que queden eximidas las empresas planteadas por las asociaciones sectoriales, se suma ahora el segmento de viajes de negocios a través de su patronal principal GEBTA, cuyo director general, Marcel Forns, le ha detallado a HOSTELTUR el impacto que tendrá en esta actividad.

Según este portavoz sectorial, el nuevo control puede, "sin lugar a duda, convertirse en un torpedo a la línea de flotación del sector del turismo y una auténtica bomba de relojería para la recuperación del turismo y de buena parte de los viajes de empresa, además de un instrumento útil para cualquier destino competidor", según ha remarcado en relación al sistema que se pondrá en marcha el próximo 2 de diciembre a través de la plataforma online Hospedajes.

GEBTA: "Se trata de una norma que no es ni proporcional ni ajustada a derecho comunitario, lo mejor que podría hacerse con ella es derogarla y olvidarnos del asunto"

Forns ha recordado que, según lo dispuesto en el Real Decreto 933/2021, el nuevo registro impone a las agencias de viajes la captación de más de 30 datos personales de todo tipo, a todos sus clientes, que deberán conservarse por un período de 3 años y que "superan con creces la información que se venía exigiendo hasta la fecha", limitada fundamentalmente a los contenidos en el documento de identidad de los viajeros, y de la fecha de entrada en los establecimientos.

Registro de reservas: una 'bomba de relojería
Marcel Forns es director general de GEBTA.

Entre otros, se reclamarán a los viajeros datos tan "sensibles" como el medio de pago utilizado en la reserva, el número de tarjeta de crédito, la fecha de caducidad de la tarjeta, el número de la cuenta bancaria del titular, número de teléfono fijo y móvil, el correo electrónico, o los datos de GPS en caso de estar disponibles, para el supuesto del alquiler de vehículos, "además de toda una retahíla de datos personales habituales", ha señalado.

"La medida supone una intrusión de un alcance desconocido hasta la fecha, en todo tipo de datos personales de los usuarios de las actividades turísticas o de los viajeros de negocio"

De hecho, a pesar de que la norma ha sido informada a la Agencia Española de Protección de Datos, el portavoz de los DMC ha señalado que su "naturaleza y el volumen de la información requerida por el Ministerio del Interior dista mucho de la que estos mismos clientes internacionales, en viaje de ocio o de negocio, están obligados a aportar en los países de nuestro entorno comunitario", lo cual, se interpreta como una pérdida de competitividad de España.

Los datos que exigirá el registro

Cabe precisar que el pasado viernes, 4 de octubre, fue el propio ministro Fernando Grande-Marlaska, quien explicó que el registro que ordena el Real Decreto 933/2021 no exigirá a los usuarios de servicios turísticos más datos de los que constan en los anexos de esa norma que "no se estén recabando en la actualidad", a pesar de que en la plataforma Hospedajes se han llegado a contabilizar entre 30 y más de 50 campos de datos a rellenar, dependiendo de la fuente.

Las agencias de viajes quieren quedar eximidas del RD 933/2021 por "infringir la normativa de protección de datos y por implicar cargas demasiado onerosas y desproporcionadas" para las empresas

Así lo explicó el titular de Interior tras la reunión mantenida con representantes del Consejo de Turismo de la CEOE. Posteriormente, y ante esta declaración tan poco esclarecedora, desdela Confederacion Española de Agencias de Viajes (CEAV) se difunció un comunicado en que continuaba insistiendo en la necesidad de que el ministerio emita algún documento con valor legal que pueda aportar al sector la "seguridad jurídica" que necesita respecto a la aplicación de la norma.

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