Airbnb cree que el registro de alquileres “puede perjudicar” al turismo
La plataforma asegura que estas normas "desproporcionadas" se diseñan teniendo en cuenta el interés de los grandes operadores turísticos
Publicada 25/10/24 13:59h
Airbnb ha instado al Gobierno de España a “cumplir con el propósito original” de la regulación europea de los alquileres de corta duración, advirtiendo, en la consulta pública del Ministerio de Vivienda, que implementar “normativas desproporcionadas” puede “perjudicar” a la industria turística. A su vez, la plataforma considera que imponer restricciones a este tipo de alquileres no es la forma de abordar el problema de la falta de vivienda.
La plataforma comunicó este viernes su “preocupación” ante el proyecto del gobierno para regular el alquiler turístico y abordar la crisis de la vivienda, porque introduce nuevos requisitos que “complicarán aún más las tareas administrativas de aquellas personas que quieran compartir sus hogares”, remarcando que dicha propuesta “desvía” el propósito de la Unión Europea.
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En un comunicado, Airbnb insiste en la importancia de implementar de manera correcta y armonizada el marco europeo para alquileres de corta duración, “como una oportunidad para acabar con las normas locales fragmentadas y desproporcionadas que, en muchas ocasiones, se diseñan teniendo en cuenta a los grandes operadores turísticos”.
La plataforma sostiene que “imponer restricciones generales a los alquileres de corta duración ha demostrado no abordar adecuadamente los problemas subyacentes de vivienda”, señalando que hace falta un enfoque más integral y analítico para su regulación, empezando por una distinción entre el hospedaje ocasional y dedicado
En ese sentido, asegura que los casos de Portugal, Nueva York y Escocia son “ejemplos significativos del impacto negativo y la falta de eficacia que pueden tener las regulaciones cuando no contemplan la realidad local o se utilizan como la única solución para abordar la crisis de la vivienda”.
En su comunicado, Airbnb asegura que están comprometidos a trabajar junto al gobierno de España, las regiones y municipios para garantizar una legislación que permita el bienestar económico de los anfitriones, la preservación de las comunidades locales y prácticas turísticas responsables, al mismo tiempo que facilita el registro de los anfitriones españoles y el cumplimiento de normas proporcionadas.
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