Las viviendas turísticas de Girona reclaman 600 M € al gobierno de Cataluña
Los propietarios de viviendas turísticas rechazan el Decreto Ley 3/2023
Publicada 30/10/24 07:37h
El sector de las viviendas de uso turístico de Girona se encuentra en fase de reclamaciones de responsabilidad patrimonial a la Generalitat de Cataluña por el Decreto Ley 3/2023 de eliminación de licencias de pisos de uso turístico, promovido por el anterior Govern. Las reclamaciones presentadas en las comarcas gerundenses ascienden hasta los 600 millones de euros. La Asociación Turística de Apartamentos Costa Brava-Prineo de Girona (ATA) estima que la cifra puede aumentar.
La patronal explica que la reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat se basa en la disposición transitoria segunda del decreto ley, que implica una “expropiación de hecho de las licencias de los pisos turísticos en 2028”. Pese a que faltan todavía cuatro años, los efectos negativos de la nueva normativa, aseguran, ya se han empezado a notar.
Las reclamaciones patrimoniales presentadas incluyen las pérdidas por las inversiones realizadas y las ganancias del futuro. ATA, que está ayudando a los propietarios, asegura que la cifra será mayor que 600 millones de euros, porque aún hay empresas que están en trámite para sumarse.
La ATA calcula que la nueva regulación supondrá la eliminación del 40% de la oferta de HUT reglado de las comarcas gerundenses en un período de cinco años. Además, considera que el Decreto Ley fomentará aún más el intrusismo
Según las cifras que maneja la patronal, hay 5.000 trabajadores relacionados con este tipo de alojamientos en la provincia, planteando que se trata de una opción que acoge principalmente turismo familiar y que supone casi la mitad de la oferta reglada.
La documentación para las reclamaciones puede presentarse hasta el 8 de noviembre, momento en que finalizará el período coincidiendo con el año de la publicación de la ley.
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Estas reclamaciones son una de las vías que tienen los afectados para luchar contra una medida que consideran “contraria a derecho y de nula efectividad” y que se ha aprobado “sin realizar previamente un análisis riguroso de la situación, sin tener en cuenta la opinión de los sectores afectados y que tendrá un gran impacto en la economía de los municipios que viven del turismo poniendo en riesgo su futuro”.
La incertidumbre entre trabajadores y clientes, la imposibilidad de amortizar inversiones y la pérdida de valor de los pisos, son algunos de los motivos que llevaron a Federatur a impulsar ese proceso, que también es desarrollado por la AT Costa Daurada y Terres de l'Ebre, y por APARTUR en Barcelona, donde las reclamaciones superan ya los 1.000 millones de euros.
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