Recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iustitia Europa

Impugnan el registro de viajeros ante la Audiencia Nacional

La organización política ha solicitado la suspensión cautelar de la norma, argumentando que su ejecución supondría un perjuicio irreparable

Publicada 04/12/24 13:34h
Impugnan el registro de viajeros ante la Audiencia Nacional

El partido Iustitia Europa y su presidente y abogado, Luis María Pardo, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Real Decreto 933/2021 que obliga a las empresas de alojamiento y alquiler de vehículos y a las agencias de viajes a comunicar al Ministerio del Interior los datos de las reservas de sus clientes.

De acuerdo con esta nueva normativa, que entró en vigor el 2 de diciembre, dichas empresas tendrán que recopilar y almacenar más de hasta 40 datos personales de sus clientes durante tres años.

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Para Iustitia Europa, dicho decreto es "una flagrante violación de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por parte de un Gobierno que camina hacia la deriva institucional".

Recurso contencioso-administrativo contra el registro de viajeros

Las agencias de viajes tendrán que comunicar más de 40 datos de sus clientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Fuente: Shutterstock.

A su juicio, el decreto "invade la privacidad de millones de turistas, ciudadanos españoles y extranjeros", al exigir información extremadamente sensible, como datos financieros, relaciones familiares o de parentesco y métodos de pago.

"No todo vale en nombre de la seguridad. Estas medidas son desproporcionadas, vulneran la intimidad de las personas, el reglamento general de protección de datos y carecen de base jurídica suficiente", ha afirmado Luis María Pardo

Asimismo, Iustitia Europa ha solicitado la suspensión cautelar de la norma, argumentando que su ejecución supondría un perjuicio irreparable y tendría un “severo impacto en el turismo y en la imagen de España”.

En su opinión, la obligación de recopilar datos sensibles podría disuadir a turistas internacionales de visitar España, afectando directamente al sector hotelero y a la competitividad del país.

En los próximos días, podrían llegar nuevas impugnaciones, así lo han ido avanzando las asociaciones del sector:

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