Consumo abre expediente sancionador a Airbnb por publicidad ilícita
Continúa investigando irregularidades en plataformas de pisos turísticos
Publicada 18/12/24 12:07h
La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, ha abierto un expediente sancionador contra Airbnb, según ha podido saber este diario de fuentes del sector, por no retirar anuncios que incumplen las normativas vigentes. Esta medida responde a la negativa de la empresa a eliminar miles de publicaciones con publicidad calificada como ilícita, según lo establece el Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
El proceso sancionador, anunciado este lunes, forma parte de unas investigaciones en curso que buscan garantizar la legalidad de las operaciones de las plataformas de vivienda turística en España. La decisión llega después de varios requerimientos realizados desde el pasado mes de junio, en los que se solicitó información sobre los alojamientos anunciados y la retirada inmediata de aquellos que no cumplían con los requisitos legales, como la falta de número de licencia, según publicó HOSTELTUR noticias de turismo en Las viviendas turísticas sin licencia serán investigadas por Consumo.
Antecedentes de irregularidades en el sector
Este expediente es el tercero iniciado por la Dirección General de Consumo en los últimos meses relacionado con el mercado de pisos turísticos. En octubre se detectaron irregularidades en agencias inmobiliarias por prácticas abusivas en alquileres temporales; y más recientemente se inició una investigación contra grandes empresas del sector por posibles infracciones relacionadas con prácticas engañosas.
Más información:
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En esta última ocasión, los anuncios investigados abarcan diferentes comunidades autónomas, lo que, según Consumo, podría causar riesgos generalizados para los derechos de consumidores y usuarios. Las prácticas en cuestión podrían ser catalogadas como infracciones graves, sancionables con multas de hasta 100.000 euros o más, dependiendo del beneficio ilícito obtenido.
Impacto en el sector y objetivos regulatorios
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo subraya que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para abordar la crisis de la vivienda en España. El ministro Pablo Bustinduy ha sido claro en su posicionamiento al señalar que “ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley”. Además ha destacado que estas prácticas contribuyen a agravar los problemas de acceso a la vivienda, afectando de manera directa a miles de familias.
La Dirección General de Consumo reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y con la regulación efectiva del sector de alquileres turísticos, especialmente en un momento en que las irregularidades pueden agravar la situación de precariedad habitacional en el país.
Esta vigilancia proactiva supone un claro mensaje al sector: el cumplimiento de la normativa es ineludible y las sanciones por incumplimiento serán firmes y proporcionales a las infracciones detectadas
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