Airbnb apelará el expediente de Consumo por publicidad ilícita
Insiste en su papel como intermediario digital, no como proveedor de alojamiento
Publicada 18/12/24 17:34h
Airbnb ha manifestado su desacuerdo con el expediente sancionador abierto por el Ministerio de Consumo por publicidad ilícita, según ha publicado HOSTELTUR noticias de turismo, que cuestiona la operativa de la plataforma en la gestión de alojamientos turísticos. En respuesta, la empresa ha anunciado que apelará la decisión, argumentando que no tiene obligaciones de supervisión según la legislación vigente, y que Consumo se ha extralimitado en sus competencias al ignorar resoluciones previas del Tribunal Supremo y del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Airbnb subraya su compromiso con las normativas locales y defiende su papel como intermediario digital, no como proveedor de servicios de alojamiento.
Airbnb, como ha afirmado un portavoz de la compañía “está profundamente en desacuerdo con esta decisión y la apelará”. Según la empresa, el Ministerio de Consumo ha empleado una “metodología indiscriminada” al evaluar los anuncios en la plataforma, incluyendo propiedades que no están obligadas a contar con licencia, como los arrendamientos de temporada. También cuestiona la competencia del Ministerio en esta materia, calificando la acción como “una extralimitación que contradice fallos judiciales de ámbito nacional y europeo”.
Resoluciones judiciales del Tribunal Supremo y el TJUE
Airbnb respalda su defensa en resoluciones emitidas por el TJUE y el Tribunal Supremo, confirmando que Airbnb es un proveedor de servicios digitales, no un prestador de servicios turísticos. Entre las sentencias destacadas:
- Tribunal de la UE falla a favor de Airbnb: no es un agente inmobiliario
Airbnb sostiene que estas decisiones dejan claro que su función es la de intermediario, sin las obligaciones de supervisión aplicables a otros sectores.
Iniciativas de cumplimiento y colaboración con autoridades
Pese a las críticas al expediente, Airbnb destaca su trabajo para garantizar el cumplimiento normativo con ejemplos como:
- Acuerdo con el Consell Insular d’Eivissa (2020) para colaborar con el fin de identificar y eliminar anuncios que no cumplieran con las normativas locales.
- Colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona para crear herramientas de verificación postal que han permitido eliminar más de 7.000 anuncios no conformes desde 2018.
“Estas iniciativas reflejan un esfuerzo conjunto con las autoridades para combatir la oferta ilegal y promover prácticas responsables entre los anfitriones”, aseguran desde Airbnb
Medidas adicionales para reforzar la confianza
En los últimos años, Airbnb ha implementado asimismo diversas acciones destinadas a mejorar la transparencia y la seguridad en la plataforma. Entre ellas:
- Portal para autoridades, para gestionar solicitudes de información por parte de las Fuerzas del Orden.
- Prohibición de fiestas, una medida aplicada a nivel global, también en España.
- Línea de denuncias vecinales para reportar molestias asociadas a alojamientos.
La plataforma también ha recordado a los anfitriones la obligación de certificar que sus alojamientos cumplen con las normativas locales antes de publicarlos.
El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo pone de manifiesto la complejidad del marco regulatorio en torno a los alojamientos turísticos en España. Mientras la plataforma insiste en su rol como intermediario digital, las autoridades continúan presionando por una mayor supervisión de la oferta turística. La apelación anunciada por Airbnb podría marcar un nuevo capítulo en esta disputa, con posibles implicaciones para el sector en su conjunto
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