Registro de reservas: el PP presentará mociones para exigir su derogación

La moción denuncia la inseguridad jurídica que provoca el “Gran Hermano Turístico”, como esta formación política denomina al registro de reservas. Una normativa que obliga a las empresas de alojamiento, de alquiler de vehículos y a las agencias de viajes a comunicar al Ministerio de Interior los datos de reservas de sus clientes a través de una plataforma habilitada para este fin.

El PP critica “la desproporcionada carga administrativa que comprende, la desventaja competitiva para España, la inadecuación de la tecnología diseñada y la vulneración del derecho a la propia intimidad y privacidad de turistas y usuarios que lastra de forma severa uno de los sectores capitales para la economía española como es el turístico”.

Recuerda que el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 933/2021, que regula dicha normativa, contra la opinión del sector, “engañando a sus representantes, con quienes se comprometió el pasado 4 de octubre a llegar a un acuerdo. Lejos de reunirse y acordar algo con ellos, ha impuesto un proyecto que ha entrado en vigor el pasado 2 de diciembre”.

El PP critica la desproporcionada carga administrativa que la medida supone para las empresas del sector. Fuente: Adobe Stock

“El Ejecutivo no ha tenido en cuenta las reiteradas advertencias del sector sobre los riesgos para los viajeros y para la reputación internacional de España”, añade

Para el PP “esta ley provoca una fuerte inseguridad jurídica e ignora la complejidad operativa de recopilar tanta carga de datos, incluso antes de la prestación del servicio, lo que de hecho hace que sea casi de imposible cumplimiento".

Intromisión en la intimidad

La recolección y almacenamiento masivo de datos no respeta el principio de mínima intervención, continúa el PP, con lo que supone una intromisión en la propia intimidad y privacidad de los usuarios y vulnera la normativa europea.

Explica, asimismo, que afecta a los ciudadanos españoles que hagan turismo o se desplacen por cuestiones laborales dentro del país, porque también están obligados a proporcionar dichos datos.

"La desproporcionada carga administrativa, hasta más de cuarenta datos, triplica los datos que se exigían hasta el momento y, en el caso de entidades que alquilan vehículos a motor, más de ochenta datos. Además, impone la recolección de información en transacciones de pago", señala el PP. Al tiempo que recuerda que el incumplimiento de estos requisitos podría derivar en sanciones de hasta 30.000 euros.

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