Registro del viajero: cómo están afrontando las agencias esta obligación

Cuando han transcurrido más de cuatro meses desde la entrada en vigor de esta normativa, no se ha registrado ninguna sanción. Es más, muchas comisarías no están preparadas, ni cuentan con personal suficiente para asumir este control, según se expuso en dicho encuentro. De hecho, por el momento, “no hay intención sancionadora”, comentó José Manuel Lastra, vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

Además, algunos agentes señalaron que se han encontrado con la negativa de los turoperadores extranjeros a facilitar la información de sus clientes porque no se lo permite la normativa sobre privacidad de datos de sus respectivos países.

Momento agridulce para las agencias

Por su parte, Carlos Garrido, presidente de CEAV, señaló que las agencias de viajes viven una etapa “agridulce”. Por un lado, están en un buen momento, con unas cifras de facturación récord, al igual que en la creación de empleo. Pero también atravesamos "un momento amargo", indicó, por la coyuntura internacional y el impacto que pueda tener para la economía la imposición de aranceles y, en especial, por el Real Decreto 933/2021, que regula el registro del viajero y genera una gran incertidumbre en el ámbito de las minoristas.

Se trata de una regulación que "se ha hecho de una manera precipitada y errónea, con una tecnología que no funciona y haciéndonos cumplir un papel que no corresponde a las agencias de viajes”, agregó. Mostró así su total “rechazo a una normativa que crea grandes perjuicios a la actividad minorista".

Recordó que esta incertidumbre se agrava porque el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no ha publicado todavía la orden ministerial que debe desarrollar dicho decreto.

Carlos Garrido y José Manuel Lastra, hablaron del registro del viajero en la II Convención de FAAV. La jornada de trabajo fue coordinada por Antonio Caño, secretario general de esta agrupación, en la izquierda de la imagen. Fuente: Hosteltur

“Estamos ante un atropello por parte del Gobierno central hacia las agencias de viajes porque no estábamos sujetos a esta obligación”, insistió José Manuel Lastra.

Criticó, además, que esta regulación ni siquiera consigue la finalidad que persigue, es decir, garantizar una mayor seguridad. Al ser intermediarios, las agencias tienen que facilitar una serie de datos que, a su vez, comunican otros prestadores, con lo que se podría informar sobre los mismos datos hasta cinco o seis veces. "¿La información hasta cuadruplicada y quintuplicada va a facilitar la seguridad de nuestro país. No será el efecto contrario?", se preguntaba Lastra.

Destacó que “las agencias estamos a favor de la seguridad porque el turismo fluye cuando hay seguridad y estamos dispuestos a colaborar en esta materia, pero esta norma no ha sido consensuada y tiene matices perjudiciales para el sector”

Exige, por tanto, que si no hay una exclusión total de las agencias del decreto que, al menos, se minimicen las exigencias y queden exentas determinadas actividades, como el MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos).

Asimismo, considera muy arriesgada la obligación de conservar los datos durante tres años porque hay graves problemas de ciberseguridad y se puede poner en peligro mucha información.

“Estamos atentos a la orden ministerial porque la vamos a impugnar en cuanto se publique. Es la única manera, ir a los tribunales para conseguir rebatir esta situación”, comentó Lastra.

En este sentido, Carlos Garrido, explicó que "hay dos hitos que tendrían que producirse para empezar la batalla jurídica. Una es que se publique la orden ministerial, la segunda es que haya una sanción".