Competencia multa a EGEDA por abusos en las tarifas para los hoteles

La multa asciende a 478.515 euros. Además, el organismo considera como agravante la reincidencia de esta entidad de gestión de derechos, que ya fue sancionada por prácticas similares por el Tribunal de Defensa de la Competencia en el año 2000.

La denuncia de los hoteleros venía motivada porque opinaban que los precios que tenían que pagar por el hecho de tener televisión en las habitaciones, establecidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productos Audiovisuales (EGEDA), eran abusivos, más altos que los que se cobran en aquellos países de Europa donde se realiza esta práctica, que son pocos según la CEHAT.

Y es que en el sector muchos profesionales no entienden por qué poner a disposición del público aparatos de televisión, cosa obligatoria en la legislación hotelera, debe generar derechos a entidades de gestión como productores de cine, artistas, intérpretes, cantantes, autores, etc.

Según explican desde la patronal, de la lectura de la resolución, “se deduce que la CNC reprocha a EGEDA que ejerciera un evidente abuso de su posición de dominio durante más de cinco años, desde octubre de 2005 hasta mayo de 2011, a través de múltiples aspectos de su conducta. Por otro lado, tal y como pone de manifiesto la resolución, esta tarifa se aplicó en base al número de plazas disponibles en cada establecimiento, ignorando por completo el índice de ocupación. Además, la entidad impuso una falta total de transparencia ante hoteles y asociaciones, al tiempo que aplicó condiciones discriminatorias para el sector hotelero con respecto a otros usuarios también gestionados por EGEDA, como por ejemplo los operadores de cable”. Por último, indica la patronal que estas acciones formaron parte de una estrategia de negociación abusiva en la que la entidad utilizó las tarifas fijadas unilateralmente como herramienta de presión para forzar a los hoteleros a aceptar condiciones excesivas.

A por un modelo más racional

Los hoteleros afirman que esta multa subraya la necesidad de que se reforme la Ley de Propiedad Intelectual urgentemente hacia un modelo más racional de “ventanilla única” que facilite el control de esta actividad por parte de las autoridades y que contribuya a reducir el abusivo poder que ejercen estas entidades de gestión.