El Consell de Mallorca advierte que no cederá sus fincas a la fundación del medio ambiente

El Consell de Mallorca no tiene la intención de ceder la titularidad de sus fincas públicas a la Fundación para el Desarrollo Sostenible que el Govern pretende crear, según advirtió ayer el responsable del área de Territorio de este organismo y secretario general de UM, Bartomeu Vicens, aunque podría plantearse dejar la gestión de estas propiedades en manos del nuevo ente. El anuncio realizado el martes por parte del Ejecutivo autonómico de que el patrimonio de la citada fundación lo van a constituir las fincas públicas, titularidad de la Comunidad Autónoma, a las que podrían sumarse las de los Consells, fue precisamente uno de los aspectos más duramente criticados por parte de los partidos de la oposición, que calificaron esa de decisión de "escándalo" e "ilegalidad", al considerar que las administraciones no pueden entregar un suelo propiedad de todos los isleños a un ente en el que participarán como patronos las entidades financieras. Según la portavoz de Esquerra Unida-Els Verds y anterior consellera de Medio Ambiente, Margalida Rosselló, la cesión de las fincas a la fundación es una "vergüenza" que supone un retroceso incluso frente a las políticas desarrolladas por anteriores Governs del PP, tanto por lo que supone de enajenación de propiedades públicas como porque deja la gestión de las mismas fuera del control "político y democrático" del Parlament. También los portavoces del PSOE y del PSM, Celestí Alomar y Pere Sampol, respectivamente, pusieron en duda la legalidad de esta iniciativa, al tiempo que el segundo consideró que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma paralizarán cualquier intento en este sentido. Alomar manifestó su temor a que el objetivo sea privatizar los espacios públicos, algo que en su opinión sería "gravísimo". Como se recordará, el proyecto presentado por los consellers de Turismo, Hacienda y Medio Ambiente contemplaba la cesión de las fincas públicas a la citada fundación, que se responsabilizaría de su gestión y de buscar fórmulas para obtener financiación, como la comercialización de una tarjeta para que turistas y residentes puedan visitar estas zonas naturales o la creación de una marca ´verde´ para la comercialización de distintos productos. Sobre la tarjeta, todos los partidos criticaron que los residentes se vean obligados a pagar por visitar unos terrenos que son de titularidad pública, e incluso Alomar recordó que esta medida puede ser negativa también entre los turistas. Desde UM se apuntó únicamente que lo ideal sería que los ciudadanos de Balears pudieran conseguir estos pases con un descuento respecto a lo que van a tener que pagar los turistas. Por otro lado, todos los partidos, incluido UM, coincidieron en considerar que los fondos que se van a conseguir con estos sistemas van a ser mínimos, frente a los 45 millones de euros anuales previstos con la ecotasa, aunque Vicens alabó el objetivo de mejorar el estado de las fincas de titularidad pública. (F.G., Diario de Mallorca, 02/10/03)