Luz verde para elegir agencia de viajes de las Cortes

Según publica el BOE, la Mesa del Congreso de los Diputados ha levantado “la suspensión del procedimiento de adjudicación para la contratación de la prestación del servicio de Agencia de Viajes de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados, reanudándose su tramitación.

Tal y como adelantó este diario, en julio se paró el proceso ante la impugnación de una de las agencias concursantes, dado que se atendía a criterios no valorables de modo objetivo y cuantificables.

Ante esta impugnación, la Mesa ha modificado la cláusula 13ª del pliego de cláusulas administrativas particulares, “realizando una nueva distribución de la asignación de puntos entre los criterios de valoración cuya cuantificación depende de un juicio de valor y los criterios de valoración evaluables mediante fórmulas”.

En este sentido, se declara nulo el inciso de esa cláusula que decía "en particular en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y estaciones de AVE" y del criterio referido a "Mejoras ofrecidas, no incluidas en apartados anteriores, que supongan un servicio adicional de interés para el Congreso de los Diputados, especialmente si contribuyen a la proceso de modernización de la Administración Parlamentaria".

El nuevo plazo de presentación de proposiciones finaliza el 20 de octubre de 2014. Los licitadores que ya hubiesen presentado oferta dentro del plazo inicialmente establecido, que finalizó el día 1 de agosto de 2014, podrán optar, dentro de este nuevo plazo, entre mantener las ofertas que hubieran presentado. Actualmente es Viajes el Corte Inglés la agencia gestora. La inversión estimada es de 8,1 millones de euros (IVA incluido) hasta 2018, incluidas dos posibles prórrogas.

Rechazo de las pymes

Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) rechaza a la centralización de contratos de agencias de viajes de las Administraciones Publicas, propuesta por el Gobierno. Esta normativa permite la centralización de contratos con agencias de viajes para el uso de todas las administraciones públicas en su conjunto y de forma indivisible, si bien ha quedado en suspenso.

Entre las principales razones de este rechazo se encuentra el efecto que esta nueva normativa tendría en las pequeñas y medianas empresas y la posibilidad de que este sistema convierta el sector en un oligopolio.