La Audiencia Nacional investigará a Oleguer Pujol por la compra de un hotel

El magistrado ha admitido parcialmente la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona aunque, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción, ha limitado su investigación a las actividades de Oleguer Pujol y su participación en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que figuraba como administrador a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief.

Pedraz justifica la competencia de la Audiencia Nacional para asumir este procedimiento al considerar que Oleguer Pujol podría haber incurrido indiciariamente en un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública cometidos en el extranjero que habrían supuesto "una defraudación con grave repercusión en el tráfico mercantil y en la economía nacional".

Oleguer Pujol.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 argumenta que Oleguer Pujol obtuvo "una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido" procedente de las Islas Vírgenes, "territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE", para la adquisición del establecimiento hotelero.

No investigará al resto

El magistrado excluye de su investigación las actividades del hijo mayor del 'expresident', Jordi Pujol Ferrusola, y su exesposa, Mercè Gironés, al que mantiene imputados su compañero Pablo Ruz por las comisiones de 7,5 millones de euros que presuntamente habrían recibido por mediar en la adjudicación de contratos públicos en Cataluña. Se les atribuye indiciariamente un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.

Tampoco admite a trámite la querella de Podemos en lo relativo a la confesión que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol realizó el pasado 25 de julio, cuando reconoció que su familia había regularizado los fondos provenientes de una herencia que su padre, Florenci Pujol, le había legado en septiembre de 1980. Pedraz argumenta que estos hechos son investigados por la responsable del Juzgado número 31 de Barcelona, Zita Hernández.

El magistrado tampoco investigará las actividades de Josep Ferrusola, a quien los querellantes acusan de vender la sociedad Europraxis Consulting Holding en 2001 a la empresa Indra, que obtuvo "numerosas adjudicaciones de la Generalitat de Cataluña" que fueron "objeto de atención" por parte de la Sindicatura de Cuentas.

También excluye del procedimiento las actividades de Pere Pujol Ferrusola y los empresarios Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol, que, según Podemos, obtuvieron licencias de la Generalitat para instalar parques eólicos en Cataluña tras la obtención de los correspondientes informes medioambientales.