El fiscal pide penas de hasta nueve años para 45 acusados en el 'caso Alhambra'
Publicada 02/10/14
La Fiscalía de Granada ha solicitado en sus conclusiones provisionales penas de entre cuatro y nueve años de cárcel para las 45 personas a las que acusa en el ‘caso Alhambra’ sobre presuntas irregularidades en el control de accesos y venta de entradas al conjunto monumental nazarí. Según la Fiscalia, fue necesario que los procesados contaran con clientes que contrataran sus servicios a través de las agencias de viajes Witt Travel (Washington Irvin) y Daraxatour.
La presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misma familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Witt Travel (Washington Irvin) y Daraxatour, quienes, con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito, idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan para ingresas lo que s clientes pagaba para obtener una entrada a la Alhambra.
Según consta en el escrito de acusación, el Ministerio Público considera los hechos constitutivos de delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y daños al patrimonio histórico. El perjuicio causado al Patronato de la Alhambra ha sido cuantificado en más de 6,66 millones de euros, 3,5 millones correspondientes a ingresos no percibidos por el acceso irregular y 3,16 millones por daños materiales causados en el monumento.
Del total de 77 procesados en esta causa, cuya instrucción judicial se prolongó durante casi nueve años, el fiscal ha formulado acusación contra 45 de ellos, mientras que para el resto ha pedido el sobreseimiento. Para diez de las personas a las que acusa ha solicitado penas de nueve años de cárcel y multa de 9.000 euros, mientras que a las 35 restantes les pide a cada una cuatro años de cárcel y multa de 2.160 euros.
Como consecuencia de las relaciones familiares que había entre algunos de los acusados y de las profesionales que desempañaban como guías turísticos, responsables hoteleros o participantes en la gestión de agencias de viaje ejecutaron, entre los años 2002 y 2005, un plan para conseguir un "provecho patrimonial ilícito".
De esta manera, relata la acusación pública, el dinero entregado por sus clientes para obtener una entrada con la que acceder a la Alhambra no era ingresado a través de los sistemas reglamentarios en las arcas del Patronato público que gestiona este monumento nazarí, sino que fue incorporado "ilícitamente" a su patrimonio.
La Fiscalía señala que las campañas de promoción para rehabilitar la imagen dañada de la Alhambra tendrán un coste mínimo de dos millones de euros y pide que todos los acusados indemnicen al Patronato con 6,66 millones de euros, con responsabilidad civil subsidiaria de las agencias de viajes Washington Irvin y Daraxatour.
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