La plataforma "Eurovegas No" denuncia la opacidad de las negociaciones

La entidad ciudadana ha pedido a las Administraciones que informen tanto de dichas negociaciones como de las condiciones en las que se desarrollaría el proyecto, así como que cuenten con la ciudadanía para que pueda decidir si desea la llegada de Eurovegas a la Comunidad.

La plataforma ha solicitado en sendas misivas dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, la alcaldesa de la capital Ana Botella, y el ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria, que los resultados de los estudios y evaluaciones de impacto que se han realizado sean públicos, así como de los datos que se manejan en las negociaciones.

Asimismo, han lamentado que la mayoría de informaciones que se reciben sobre el proyecto son a través de los medios de comunicación, a pesar de que en aproximadamente un mes se conozca la decisión final del magnate Sheldon Adelson, propietario de Las Vegas Sands.

"La ciudadanía tiene que estar informada, porque nos afecta demasiado todos los aspectos de este proyecto. En qué se está negociando, cómo se está negociando y preguntarnos si realmente estamos de acuerdo con estas negociaciones", ha manifestado María Fernández, portavoz de la plataforma.

Las cuentas no salen

Respecto a las ventajas que se derivan de la llegada a la región de Eurovegas, la plataforma ha criticado que se hable de una cifra superior a los 250.000 puestos de trabajo mientras que el cálculo de empleos en todos los emplazamientos de la empresa sea de unos 34.000.

"Las cuentas no nos salen", han dicho, para apostillar que, además de este número, les preocupan las condiciones de estos.

"No se trata sólo de la cantidad, sino de la calidad de empleo", han dicho, criticando además que este tipo de puestos de trabajo "se está promocionando desde las administraciones públicas".

Así, han hecho referencia a las "exigencias" que podrían hacer los inversores para instalar Eurovegas en España, y que podrían modificar, según han dicho, el Estatuto de los Trabajadores, normativa fiscal o cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, entre otras.