La regulación del alquiler vacacional en Canarias defrauda al sector

Y es que, según afirman desde ASCAV, “con cada cuestión en la que había discrepancias nos topábamos con el muro final de que ‘no pueden a entrar todos’, que ha sido lamentablemente el argumento más repetido por el Ejecutivo en vez del ‘vamos a ver si encontramos una solución’, es decir, una actitud poco conciliadora a las consideraciones que la Asociación había planteado con criterios serios y contrastados”.

Como reconocen desde ASCAV, “la ilusión que levantó el presidente Paulino Rivero el pasado 31 de julio cuando prometió una regulación” (Canarias regulará las viviendas de alquiler vacacional), “quedará en un ‘brindis al sol’ si su viceconsejero cumple sus expectativas, ya que pretende ahora imponer condiciones de imposible cumplimiento a miles de familias que llevaban años dedicándose al alquiler vacacional”.

El viceconsejero de Turismo de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, en la reunión mantenida con los representantes del sector de la vivienda vacacional.

Los principales puntos de la regulación propuesta en los que han mostrado su desacuerdo son los siguientes:

1) Autorización previa por parte de la comunidad de propietarios, frente a la opción que propone ASCAV, marcada por la propia Ley de Propiedad Horizontal: la comunidad que no desee alquiler vacacional puede establecerlo así especificándolo en sus estatutos. Para la Asociación “una normativa regional no puede imponer una exigencia cuando ya se regula de otra manera en una ley de mayor rango (en concreto vulnera lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal –art. 5, tercer párrafo- y la Constitución, respecto a los principios constitucionales de jerarquía normativa y seguridad jurídica, contrario a la Directiva Bolkenstein, Tribunal Europeo, entre otros)”. En este sentido alerta de que “las mal llamadas autorizaciones se adjudiquen discrecionalmente por simpatías, envidias o simplemente se impidan si sólo uno de los propietarios no está de acuerdo, lo que supone un caldo de cultivo para impugnaciones y demandas antes los juzgados, sin olvidar que existen profesionales que se ejercen labor habitual en viviendas sin requerimiento alguno (despachos de abogados, consultas médicas, notarías, cursos privados, etc)”. También se lamenta de que su propuesta de “expulsar al turista molesto en las 24 horas siguientes y posible sanción administrativa que abarcaba incluso a aquellas viviendas no afectas a una comunidad vecinal” haya “caído en saco roto”; aunque el Ejecutivo canario se ha comprometido a estudiar sus alegaciones en este punto.

2) Prohibición del alquiler de habitaciones, medida que, según las mismas fuentes, ya se han replanteado en sus ordenaciones Andalucía y Cataluña. ASCAV advierte que “en las conocidas webs P2P se anuncian casi 700 viviendas en el archipiélago que alquilan habitaciones que suponen unas 3.000 plazas alojativas para un perfil de turista muy determinado y creciente. El Gobierno de Canarias pretende cargarse de un plumazo a todos ellos al no permitir esta modalidad, literalmente ‘porque no interesa’”, y pone como ejemplo algunas casonas rehabilitadas en La Laguna, donde “varios usuarios turísticos se alojan en literas dentro de la misma habitación y compartiendo baño; algo relevante si tenemos en cuenta que estos albergues o hostels no encuentran modelo en la actual ordenación y han sido dado de altas provisionalmente como ‘Casas emblemáticas’ hasta que se adecúe una normativa para estos casos”.

3) Exigencia de la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación en una declaración responsable ante el Cabildo. En su lugar, ASCAV propone que también pueda presentarse un “certificado visado emitido por técnico competente que acredite que la vivienda cumple con los requisitos de edificabilidad exigibles y las disposiciones del decreto de viviendas turísticas”, para aquellas “viviendas antiguas y/o de autoconstrucción, la mayor parte de ellas en zonas rurales, a las que les es imposible disponer de una documentación ya que en su momento no se les exigía o donde el actual plan de ordenación actual no les permite ser calificados. Son viviendas remozadas y singulares que, aun siendo alegales, pagan su correspondiente IBI y demás impuestos municipales” y pone como ejemplo “las casas cueva de Artenara o las típicas casitas ubicadas en las fincas de plataneras en el norte de Tenerife”. No quieren “caer en la demagogia barata y gratuita de que se pretende legalizar viviendas ilegales”, sino “dar una salida razonable y jurídicamente aceptable a las familias que se encuentran en esta situación”.

4) Registro: el futuro decreto especificará que las viviendas de uso turístico deberán darse de alta mediante declaración responsable en los Cabildos para su posterior inclusión en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma. Dispondrán también de un número de identificación y placa informativa que deberán utilizar en su publicidad, así como de hojas de reclamaciones a disposición del usuario, entre otros requisitos.

La Asociación se muestra “defraudada” ante estas propuestas, pero asegura que “no nos vamos a quedar así. Canarias merece una solución justa y políticos valientes para llevarlo a cabo que no sucumban a los pocos de siempre”; y se preguntan “qué interés tiene la Viceconsejería de Turismo en dejar fuera a tantos canarios del circuito turístico. ¿Por qué hay que dejar a nadie fuera si sus viviendas reúnen los requisitos de calidad exigibles para el turismo? ¿Dónde está y qué tiene que decir el viceconsejero y el presidente de Canarias que nos prometió que se iba a escuchar a los canarios y al turista?”.

El propio viceconsejero reconocía en la World Travel Market que “es muy difícil contentar a todo el mundo, pero desde luego sí que vamos a hacer el esfuerzo por conseguir el mayor consenso posible”. El borrador estará listo antes de que acabe noviembre, un mes antes de lo previsto para cumplir con los plazos comprometidos.