La morosidad provoca el cierre de un tercio de las empresas y autónomos

Cañete explica que España es uno de los países de la UE peor pagador, tan solo por detrás de Grecia, y ha sostenido que si en el inicio de la crisis, en el 2007, los impagos ya suponían un "cáncer", ahora se ha avanzado hasta la "metástasis" debido a que ya no se puede acceder a la financiación.

Ha señalado que parte del problema se debe a que la Directiva 2000 del Parlamento Europeo se ha aplicado "tarde y mal" en España, ya que no fue hasta el 2004 cuando se creó una ley que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En el sector privado, la media de pago es de un plazo de 102 días en los países del sur de Europa -España, Grecia, Portugal e Italia-, lo que supone triplicar la media de pago de los países nórdicos (34 días) y duplicar la media de los países centrales, como Alemania y Francia (46 días).

Sube el ratio de impagos

"Aquí ser moroso es casi ser gracioso y algunos morosos son también 'morrosos", ha criticado Cañete, y ha sostenido que la ratio de impagos en España ha pasado de un 5% en 2009 a un 7,1% en 2011.

Pimec ha elaborado un estudio que analiza las prácticas de pago de una muestra de 12.982 empresas -3.182 catalanas y 9.800 del resto de España- con una facturación superior a los dos millones de euros en base a los estados contables depositados en el Registro Mercantil y correspondientes a 2010

Morosidad por sectores

El director de Economía y Empresa de Pimec, Modest Guinjoan, ha apuntado que "la construcción es el sector peor pagador", ya que la media de pago es de 251 días, frente al sector primario (50), la industria (72) y los servicios (111).

La patronal ha reclamado la creación de un Observatorio de la Morosidad porque "el país está funcionando sin GPS", un instrumento que aún no está muy claro si se enmarcará dentro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o bien en Hacienda y Administraciones Públicas.

Otras propuestas son el impulso de mecanismos coercitivos para impedir la judicialización de los conflictos por motivo de impagos, la compensación de créditos fiscales y la aprobación de un régimen sancionador por incumplimiento de plazos de pago, unas reivindicaciones que se harán llegar a todos los partidos políticos.