Uber apelará la decisión judicial y mantendrá su aplicación disponible en España

Este martes, se producía finalmente en España una decisión tomada ya en otros países: Cierran Uber por orden judicial. Los últimos casos fueron anunciados un día antes de que Uber había sido prohibida en Holanda y Nueva Delhi por considerar que presta un servicio ilegal, a lo que en la capital de India se suma una acusación de violación en contra un chófer.

La polémica startup sostiene que "uberPOP es nuestra solución innovadora que permite a los ciudadanos compartir los costes de su vehículo con otros particulares, ofreciendo viajes cercanos, seguros y eficientes y seguirá estando disponible para nuestra comunidad de usuarios en España. Dar la opción de mover a más personas con menos coches es positivo para el medio ambiente y para nuestras ciudades".

Uber apelará una decisión judicial que califica de altamente inusual

Uber estaca que "este fallo es incompatible con el amplio reconocimiento político tanto en España como en la Unión Europea a los beneficios de compartir recursos y la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada.”

Aismismo ha recordado que “numerosos organismos de competencia de la Unión Europea han solicitado una desregulación total del sector del taxi, que actualmente actúa como una barrera para la incorporación de nuevas alternativas de movilidad tanto para los consumidores como para la economía. Uber continuará cumpliendo con la legislación española y actualmente está evaluando una apelación a este repentino e inusual procedimiento”.

Nuevos modelos

La polémica y los criterios encontrados han acompañado a esta plataforma a la cuanta ciudad ha llegado, así como otras fórmulas enmarcadas en el P2P.

El verano pasado, taxistas de París, Londres, Roma, Milán, Berlín, Hamburgo, Madrid y Barcelona realizaron una jornada de 24 horas de huelga y protesta por el servicio de Uber a través de su aplicación Pop. Entonces, la Comisión Europea (CE) expresó su rechazo y respondió que la innovación del P2P no iba a desaparecer con chantaje.

En junio, la Generalitat de Cataluña requirió el cese inmediato de Uber. Alternativamente, los taxistas españoles reanudaron las protestas con una huelga en Barcelona y una manifestación en Madrid y no han dejado de movilizarse y tomar acciones ante los organismos del consumo, la competencia y judiciales, argumentando que Uber les está robando el trabajo que ofrecen a mucho menor precio, en competencia desleal, teniendo en cuenta que no se les exige las licencias, permisos, autorizaciones y pagos que las distintas administraciones requieren de ellos como sector regulado. Señalan que Uber no sigue las mismas reglas locales en cada país o ciudad del mercado en el que opera, lo cual califican de competencia desleal.

No obstante, los defensores de estos modelos consideran que se trata de un conusmo colaborativo en el que se comparten gastos entre consumidores y que, por lo tanto, no están regidos por las mismas reglamentaciones.

De hecho, en España, mientras Uber era perseguida por la policía en Barcelona, Competencia expresaba su rechazo a regular el P2P.

Los usuarios y conductores españoles se muestran receptivos a las fórmulas del ride-sharing o de P2P en el transporte urbano, según un estudio de TNS, el cual desveló que el 92% de los españoles consultados les gustaría contar con "otras alternativas de transporte que sean más rápidas y más cómodas que las actualmente disponibles en su ciudad" (ver: Infografía: El P2P, valorado por usuarios y conductores españoles).

En el seno tanto del Ejecutivo comunitario como en los gobiernos locales hay criterios dispares. En el Reino Unido, Londres dio luz verde a Uber. A principios de septiembre, un tribunal prohibía cautelarmente a Uber actuar en toda Alemania y dos semanas después, otro tribunal levantaba la prohibición sentenciando que Uber podía operar de nuevo en Alemania. En Estados Unidos, en distintas ciudades tiene varios casos abiertos mientras que otras han modificado sus normatvas para que opere sin problemas. En Colombia, inicialmente fue aprobada en Bogotá y más recientemente el Gobierno la ha declarado ilegal, generando críticas negativas hacia el colectivo de taxistas entre algunos sectores.